Modelo de alegaciones para sanciones basadas en los artículo 23.d y n

EXP. REF.: ___________
SERVICIO: INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

SECRETARIA GENERAL. SERVICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
______________________________________________, con DNI nº _________________, ____ años de edad, de profesión ______________________ y domicilio a efectos de notificaciones en ___________________________________________________________, con relación al expediente sancionador Nº. Ref. _______________, ante este Organismo comparece y como mejor proceda en Derecho:

EXPONE

I.- Que, en fecha de ________________ me fue notificado “Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana con Nº Ref. _____________, relativo a una presunta infracción que según los artículos 23.n) y 23.d) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, constituye una infracción Grave susceptible de ser sancionada con una multa de entre 300,51€ a 6.010,12 €.

II.- Que no estando conforme con el citado acuerdo de iniciación de expediente sancionador, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, interesa formular las siguientes,

ALEGACIONES

PRIMERA.- Según el “Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana nº Ref. ____________, el hecho denunciado ha sido relatado como sigue:

RELATO DE LOS HECHOS TAL Y COMO CONSTA EN LA DENUNCIA

Es evidente que los hechos denunciados, tal y como son descritos en el cuerpo de la denuncia son genéricos o abstractos, sin que se adjunte en la notificación de iniciación de expediente sancionador copia de la denuncia formulada y demás elementos de convicción que obren en el expediente administrativo y que concreten y prueben los hechos denunciados. Esto causa inseguridad jurídica e indefensión, lo que está vetado por la ley y además contraviene las normas del procedimiento sancionador y el principio de transparencia del procedimiento establecido en el art 3 párrafo 4 del RD 1398/93.

En cualquier caso, los hechos que se describen aun de manera genérica, no se ajustan a la realidad. Dichos hechos ocurrieron en la forma que seguidamente se pasa a describir.

DESCRIPCIÓN DE HECHOS tal y como ocurrieron

SEGUNDA.- NULIDAD DE PLENO DERECHO.

El expediente sancionador arriba referenciado es nulo de pleno derecho y, por tanto, también lo es la sanción que se imputa, en virtud del artículo 62.1 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece:

“Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a) Los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.”

La iniciación del expediente sancionador referenciado vulnera ampliamente este precepto, por cuanto lesiona el contenido esencial de los derechos y libertades siguientes:
En este sentido ha señalado el Tribunal Constitucional que la dimensión objetiva de los derechos fundamentales y su carácter de elementos esenciales del Ordenamiento jurídico imponen a los poderes públicos la obligación de tener presente su contenido constitucional, impidiendo reacciones que supongan su sacrificio innecesario o desproporcionado o tengan un efecto disuasor o desalentador de su ejercicio. Por ello, si el poder público prescinde de la circunstancia de que está en juego un derecho fundamental y se incluyen entre los supuestos sancionables conductas que inequívocamente han de ser calificadas como pertenecientes al ámbito objetivo de ejercicio del mismo, se vulnera este derecho, pues aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera posible conforme a su tenor literal, los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de una infracción (por todas, STC 185/2003, de 27 de octubre, F. 5). Por ello, la iniciación del expediente sancionador referenciado debe ser declarada nula de pleno derecho en tanto en cuanto vulnera un conjunto de derechos fundamentales en los siguientes extremos.

a.- Vulneración del derecho de reunión del art. 21 y de la libertad de expresión recogidos del artículo 20.1 a) de la Constitución Española.
Como señala el Tribunal (STC 110/2006 de 3 de abril), los derechos de reunión y manifestación son un cauce del principio democrático participativo, con una dimensión fundamental en un Estado social y democrático de Derecho, siendo uno de los pocos medios para que grupos sociales o movimientos sociales expresen y difundan sus principios y objetivos, utilizando así los cauces democrático-participativos existentes en un Estado social y democrático de Derecho. Por añadidura, La Jurisprudencia constitucional define el derecho fundamental de reunión reconocido en el artículo 21 de la CE, como una manifestación colectiva de la libertad de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de personas. Determina, además que “el relieve fundamental que este derecho (cauce del principio democrático participativo) alcanza en sus dimensiones subjetiva y objetiva dentro de un Estado social y democrático de Derecho como el proclamado en la Constitución ha determinado, incluso, que para muchos grupos sociales este derecho sea en la práctica uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones” (STC 163/2006).
Como ya se ha señalado, es evidente que los hechos denunciados, tal y como son descritos en el cuerpo de la notificación de apertura del expediente sancionador son genéricos o abstractos, sin que se adjunte en la notificación de iniciación de expediente sancionador copia de la denuncia formulada y demás elementos de convicción que obren en el expediente administrativo y que concreten y prueben los hechos denunciados.
Con esta falta de concreción se afirma en la comunicación de iniciación de expediente sancionatorio recibida que los mismos son constitutivos de una infracción del art. 23 d) de la LO 1/1992 de 21 de febrero en relación con la infracción de lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.
Sin embargo, los hechos imputados, aun en su descripción genérica, no pueden incluirse en el tipo de los arts. 23 d) por cuanto que de acuerdo con el art. 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, la autoridad sólo debe intervenir para disolver las manifestaciones o reuniones cuando se verifica la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Cuando sean ilícitas, esto es, que hayan sido prohibidas.
b) Cuando se altere el Orden Público con peligro para personas o bienes.
c) Cuando se haga uso de uniformes paramilitares entre los manifestantes.
En este sentido, es evidente que el derecho de reunión no es un derecho absoluto o ilimitado y que el propio texto constitucional en su art. 21.2 establece explícitamente, como límite específico al ejercicio de ese derecho fundamental, que ese ejercicio no puede producir alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes. Sin embargo, como ha establecido el Tribunal Constitucional en su sentencia 66/1995, deben concurrir razones fundadas para considerar que se están produciendo alteraciones del orden público que justifiquen una limitación del derecho de reunión, así como respetarse los principios de necesidad y proporcionalidad en la actuación gubernativa. En este sentido, el Alto Tribunal estimaba como necesarias la concurrencia de los siguientes factores para que se pudiera ordenar la disolución de una reunión:
a) Existencia de razones fundadas de alteración del orden público, sin que baste la mera sospecha; es decir, que quien adopte la decisión que limita o prohíbe el ejercicio del derecho de reunión en un supuesto concreto, debe poseer datos objetivos suficientes, derivados de las circunstancias de hecho concurrentes en cada caso, a partir de los que cualquier persona normal pueda llegar racionalmente a la conclusión, a través de un proceso lógico basado en criterios de experiencia, que la manifestación o reunión producirá con toda certeza el referido desorden público, interpretado éste como peligro para personas y bienes, o, lo que es lo mismo, como el que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afecten a la integridad física o moral de las personas o a la integridad de bienes públicos o privados. Debiendo al efecto recoger la correspondiente motivación la resolución prohibitiva. En todo caso, el Tribunal Constitucional ha establecido que, al ponderar la aplicación el límite del art. 21.2, los poderes públicos deben garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de todos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna en razón del contenido de los mensajes que los promotores de las concentraciones pretenden transmitir, salvo, claro es, que ese contenido infrinja la legalidad, lo cual no ocurría en este caso
b) Imposibilidad de la adopción de otras medidas, diferentes a la prohibición de la reunión, manifestación o concentración, que con carácter preventivo sirvan para conjugar esos peligros y permitir el ejercicio del derecho fundamental. Y por tanto, necesidad de la medida prohibitiva para salvaguardar el orden público sin peligro para personas y bienes.
c) Proporcionalidad entre la medida prohibitiva adoptada y el fin pretendido, el mantenimiento del orden y la seguridad pública en el sentido antes expresado, lo que presupone la ineficacia para lograr ese fin, del ejercicio de las facultades que reconoce a la autoridad gubernativa el art. 10 de la Ley Orgánica 9/1983, en orden a proponer las modificaciones de fecha, lugar o duración de la reunión prevista, siempre y cuando tales modificaciones no desvirtúen el objetivo perseguido por los manifestantes. En definitiva, la medida impeditiva del ejercicio del derecho de reunión superará el juicio de proporcionalidad exigible siempre y cuando tal medida sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto –la garantía del orden público sin peligro para personas y bienes–, sea necesaria en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia y, finalmente, sea ponderada y equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.
Además de la valoración material de la causa y el criterio de proporcionalidad, el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión exige el anuncio a la manifestación prohibida, suspendida y a disolver.
El día de autos no se verificaba la concurrencia de ninguna de estas situaciones descritas. Aun al contrario, fue la actuación policial utilizando la violencia física para conseguir dispersar a los manifestantes e impedir el ejercicio de su libertad de expresión lo que provocó la situación de peligro para las personas y bienes.
Por todo ello, la imposición de la sanción por no disolver una reunión cuando no se daban los presupuestos necesarios para ordenar dicha disolución supone una lesión de los derechos fundamentales de reunión y manifestación tal y como más arriba se indicaba.
Por añadidura, en ningún momento se indicó a los reunidos de manera expresa y justificada la necesidad de disolver la concentración, sino que se actuó mediante los dispositivos antidisturbios sin proceder ex ante ni a la identificación ni a la comunicación de los motivos aducidos.
De igual manera, debe recordarse que el artículo 23 n) de la LO 1/1992, dispone que será constitutivo de infracción grave “Originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal”.
En modo alguno los hechos descritos en la comunicación pueden tipificarse como infracción, puesto que distan mucho de suponer un grave desorden en la vía pública. Al contrario, los hechos denunciados suponen una mera manifestación del ejercicio del derecho de libre circulación, de reunión y de libertad de expresión, y su tipificación como infracción supone un grave menoscabo a su libre ejercicio.

b. Vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos del artículo 9.2 y 3 de la CE, en relación con el artículo 21 en relación con el artículo 20.1.a) de la Constitución Española.

La Administración no puede, en su caso, imponer sanciones con ocasión del ejercicio de un derecho constitucional, en este caso de la conjunción del ejercicio de dos de ellos, reunión y expresión, sin la estricta y escrupulosa observancia de las numerosas garantías procedimentales previstas en un Estado de Derecho.
La inobservancia de estas garantías lleva consigo un ataque a la integridad de los derechos y libertades, que no podrían ser libremente disfrutados por temor a una sanción.
El artículo 9.2 de la CE encomienda a los poderes públicos la promoción y el favorecimiento del ejercicio pleno de los derechos. Ante esta obligación, la Administración no es una instancia arbitral, los poderes públicos tienen la obligación de cooperar de forma decidida en el disfrute de las “condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”, y con ello resolver todos los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos los ciudadanos.
La iniciación del referenciado expediente sancionador por los hechos descritos en el cuerpo de la denuncia, supone un grave menoscabo al libre ejercicio del derecho de reunión y a la libertad de expresión de los reunidos, derecho y libertad que únicamente pueden ser objeto de limitación cuando existan graves alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes y lesión de otros derechos fundamentales. Ninguno de estos dos extremos se argumenta o prueba en la notificación recibida. Por ello, la intervención de los poderes públicos en un sentido restrictivo solo puede justificarse por la gravedad efectiva de la alteración del orden público, puesto que, como hemos citado con anterioridad, dichos poderes públicos se encuentran sujetos al mandato del artículo 9.2 de la CE.
c. Vulneración del principio de tipicidad del artículo 129 y concordantes de la Ley 30/1992.
La Administración hace una interpretación extensiva de la norma sancionadora, puesto que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción alguna.
El artículo 23 n) de la LO 1/1992, dispone que será constitutivo de infracción grave “Originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal”.
En modo alguno los hechos descritos en la comunicación pueden tipificarse como infracción, puesto que distan mucho de suponer un grave desorden en la vía pública. Al contrario, los hechos denunciados suponen una mera manifestación del ejercicio del derecho de libre circulación, de reunión y de libertad de expresión, y su tipificación como infracción supone un grave menoscabo a su libre ejercicio.
Con ello se infringe lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 30/1992, que establece que sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del Ordenamiento Jurídico previstas como tales infracciones por una Ley y, expresamente prohíbe en su número 4, la aplicación analógica de las normas definidoras de infracciones y sanciones.

d. Vulneración del principio de responsabilidad del artículo 130 y concordantes de la Ley 30/1992 y del principio de presunción de inocencia del artículo 24.2 de la CE.

El artículo 130 de la Ley 30/1992, dispone que “Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia”.

Los hechos denunciados no describen ninguna acción u omisión constitutiva de infracción. No se puede sancionar al interesado por hechos genéricos o abstractos, como son los descritos en el cuerpo de la denuncia, sino que estos han de venir claramente concretados y se ha de probar debidamente la presunta infracción cometida.
Dado que tan solo se ha recibido una relación de hechos sin que haya sido aportada prueba de cargo alguna, ello constituye una situación de indefensión al carecer de medios de prueba concretos que acrediten la comisión de unos hechos presuntamente constitutivos de infracción.

TERCERA.- Consideramos, además, que la calificación jurídica de la presunta infracción como grave no es proporcional a los hechos acaecidos.
El artículo 131.3 de la Ley 30/1992, establece que:

“En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:
A) La existencia de intencionalidad o reiteración.
B) La naturaleza de los perjuicios causados.
C) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.”

Reiteramos que no se adjunta a la notificación de iniciación de expediente sancionador copia de la denuncia formulada y demás elementos de convicción que obren en el expediente administrativo, lo que causa inseguridad jurídica e incluso puede causar indefensión. Dada falta de una concreción de los hechos denunciados, en la notificación de iniciación del expediente no se acredita en ningún momento que el comportamiento del denunciado supusiera una alteración grave del orden público como para motivar la imposición de una sanción, y debe reiterarse que es absolutamente falso que en algún momento existiera una alteración del orden público que supusiera peligro para las personas y los bienes.

En virtud de lo expuesto,

SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito junto con los documentos que se adjuntan, lo admita y tras los oportunos trámites proceda a dictar resolución decretando el sobreseimiento y archivo definitivo del expediente.

OTROSI DIGO, que interesa a esta parte proponer los siguientes medios de prueba:

DOCUMENTAL

1. Se me libre copia íntegra del presente expediente administrativo, que incluya expresamente copia de la denuncia con expresa identificación de los funcionarios denunciantes. La falta de esta documentación y demás elementos de convicción que obren en el expediente administrativo que causa inseguridad jurídica e incluso puede causar indefensión lo que está vetado por la ley y además contraviene las normas del procedimiento sancionador y el principio de transparencia del procedimiento establecido en el art 3 parrafo 4 del RD 1398/93. Por tanto en virtud de dicha norma solicitamos testimonio del expediente. El derecho a obtener copia de los documentos contenidos en el expediente administrativo viene expresamente establecido en el pfo 1 del art 3 de la citada norma legal, por lo que la solicitud contenida en el presente escrito esta amparada en derecho y su no cumplimentación puede acarrear nulidad de las actuaciones por vulneración del derecho de defensa y libre acceso al expediente administrativo. Todo ello con reserva de solicitar nuevas pruebas si a la vista del mismo resultaran necesarias (copia del mismo que en estos momentos se solicita, conforme al art. 3 del R.D. 1398/1993).
2. Se solicita del instructor del expediente que requiera a los medios de comunicación presentes el día de los hechos a la prensa gráfica, fotografías del día de los hechos, mediante las que puedan ser probados los extremos alegados en la denuncia por la Policía Nacional respecto del denunciado
3. Testifical, por el conocimiento directo que pueden ofrecer de los hechos objeto del expediente, ya que en el día de la denuncia formulada estaban físicamente presentes en el lugar en que se cometió la presunta infracción que se imputa, siendo dichas personas las siguientes:

En Valencia, a

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Instrucciones para la presentación de alegaciones

Se reproducen las instrucciones básicas que se encuentran en la página web «acampadavalencia.net» y que han sido elaboradas por un grupo de trabajo creado como apoyo para la realización de alegaciones
Instrucciones básicas a seguir en el que caso de que te haya llegado la comunicación de apertura de expediente sancionador (las multas de zapadores)

1º Para tener más tiempo, es conveniente ampliar los plazos para presentar alegaciones, por ello, aconsejamos:
1º No aceptar la notificación alegando no estar autorizado para ello para ganar días y avisar en casa que no la recoja nadie que no seas tú.
2º Pasar a recoger la notificación por la sucursal de correos donde te indique la comunicación en un plazo de seis días (hábiles) o al final del que establezca la nota dejada por el cartero.

2º Una vez recogida la notificación, debes apuntar la fecha de recogida de la notificación en correos (día de entrega) o la fecha en la que te la entreguen directamente. Es imprescindible que conozcas este día porque ahí comienza el momento a partir de que contaremos los plazos para realizar los trámites oportunos, es decir, que marcará el inicio del plazo para presentar alegaciones. Apunta el día en la hoja de la notificación o en el sobre donde la guardes.

3º Lee detenidamente el texto de la multa, en él deben aparecer los HECHOS de los que se te acusa (aunque no los concreten) y el artículo en concreto de la Ley orgánica 1/1992 en base al cual se te está sancionando.
Una vez leído el documento que te han enviado, has de tener claro los hechos y sobretodo los artículos que se utilizan en el texto, habitualmente serán el 23.c) el 23.n) o 23 d). Con este dato puedes identificar el texto modelo de alegaciones que te corresponde y que encontrarás en la página http://www.acampadavalencia.es, bajo los títulos 23.c) o 23.n) o 23.d)23.n).

4º Bájate el documento word de la página web o de este blog y léelo, es largo pero es importante que lo leas entero aunque hayan cuestiones jurídicas que puedan resultar más complejas. En el documento word tienes que introducir el número de tu sanción, tus datos personales, los hechos que se te imputan, esto es, los que en la multa se afirman como ciertos y los que ocurrieron realmente según tu versión de los hechos. Además, piensa en las personas que te rodearon (preferentemente no sancionados ni identificados), etc. En este último caso, apuntar los datos personales de los testigos: Nombres, apellidos, domicilio y DNI.

5º Si tienes dudas y quieres que te proporcionemos ayuda jurídica, revisando el documento que has redactado es necesario:
– Escanear y enviarnos el escrito que te han enviado (la multa)
– Enviarnos el documento word que acabas de rellenar. Nosotros NO vamos a introducir los datos personales ni podemos relatar los hechos que viviste tú, pero sí que vamos a revisar que hayas elegido bien el modelo y que todo lo que has introducido sea adecuado.
– Envíanos un teléfono de contacto por si fuera necesario
alegacioneszapadores@gmail.com

6º Una vez enviado tu mail, te responderemos indicándote la persona en concreto que te revisará el escrito y se pondrá en contacto contigo

7ª Una vez cumplimentado el modelo y si quieres revisado por nosotros Y SIEMPRE DENTRO DE LOS 15 DÍAS SIGUIENTES A LA RECEPCIÓN DEL MISMO debes imprimirlo por duplicado y acudir al Registro de Entrada de cualquiera de estas instituciones:
– Delegación de gobierno/- Subdelegación de Gobierno/- PROP – o correo certificado.
Deberás pedir que te cuñen tu ejemplar para que quede constancia de que has presentado el escrito. Guardar el escrito presentado en una carpeta junto con la denuncia hasta que el procedimiento finalice.

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El Huracán Neoliberal: una reforma laboral contra el Trabajo

http://www.ceps.es/images/pdf/huracanneoliberal.pdf

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El huracán neoliberal: una reforma laboral contra el Trabajo

La semana que viene en librerías y con acceso directo desde la página web de la Fundación CEPS (www.ceps.es)

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Cerrado por HUELGA: por nuestros DERECHOS, por nuestro FUTURO

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Algunas recomendaciones jurídicas de cara a la HG (sobre cuestiones no laborales)

El Derecho de Huelga es un derecho reconocido a trabajadoras y trabajadores. El resto de las personas, estudiantes, desempleados, jubilados, autónomos…, desde un punto de vista estrictamente jurídico, no pueden realizar una «huelga laboral». Cuando estos colectivos apoyen la Huelga General participando en los piquetes y en las concentraciones/manifestaciones estarán ejerciendo otros derechos fundamentales, como son los de expresión, manifestación y reunión.
Por eso, es pertinente recordar el régimen jurídico de los derechos de manifestación y reunión para que no toleremos ninguna injerencia ni vulneración de los mismos durante la jornada de Huelga.

• Derechos fundamentales recogidos en el artículo 21 CE
• Desarrollo de su ejercicio: Ley Orgánica 9/1983, de 15 de Julio, reguladora del Derecho de Reunión

A TÍULO INFORMATIVO
La libertad de expresión, reunión o manifestación son derechos fundamentales protegidos por la Constitución.
El derecho de reunión/manifestación no necesita de autorización. Sí requiere de comunicación previa cuando se prevea la concentración de más de 20 personas en lugares de tránsito público.
Excepciones (casos en que se puede suspender el derecho de reunión o disolver la manifestación):
• Alteración del orden público con peligro para los bienes o las personas (cortar el tráfico, impedir acceso a comercios o recintos públicos, vandalismo, etc.)
• Comisión de algún delito.

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS CONCENTRADOS/MANIFESTANTES
RECOMENDACIONES
• Tienes derecho a ejercer tu libertad de expresión. En una concentración o manifestación puedes ejercer tu derecho a través de cualquier medio que pueda ser escuchado (consignas, silbidos, abucheos, pancartas…) el límite está en el uso de la violencia verbal y física. Por eso es aconsejable evitar el uso de insultos puesto que estos pueden constituir un delito de injurias o calumnias.
• En una concentración o manifestación, se recomienda no ejercer acciones reivindicativas de manera individual, ya que tu principal defensa es el colectivo.

DERECHOS
• Tienes derecho a solicitar a un agente su número de carnet profesional.
Los agentes deben llevar su número de forma visible en el uniforme, puedes solicitar su identificación en caso de no llevarla.

OBLIGACIONES
• Estas obligado a identificarte ante los miembros y fuerzas de seguridad del Estado, ante su requerimiento y siempre que fuere necesario para el ejercicio de las funciones de protección de la seguridad ciudadana. Si bien es recomendable que no te niegues a ello.
No pueden solicitarte otro tipo de datos personales tales como correo electrónico, número de teléfono, etc.
En caso de no poder realizar dicha identificación, te pueden llevar a dependencias policiales para efectuarlo. Te podrán fotografiar y tomar huellas, pero no someterte a pruebas de ADN (duración aproximada del proceso, unas 2 horas). En un libro-registro harán constar las diligencias de identificación, los motivos y su duración.
En caso de resistencia o negativa a identificarte, pueden detenerte.

DERECHOS Y OBLIGACIONES EN CASO DE DETENCIÓN
• Tienes derecho a ser informado/a inmediatamente de las razones de tu detención.
• Tienes derecho a no declarar. Se aconseja que no declares en comisaría, sino ante el juez.
• A llamar a una abogado/a de tu confianza, o a que te designen uno de oficio. Es muy aconsejable que tengas claro el nombre y apellidos de una abogada/o de confianza que pueda atenderte.
• A que la policía se comunique telefónicamente con la persona que tú elijas (tienes que saber el número de memoria), para informarla del lugar en el que te encuentras detenido.
• A mantener una entrevista reservada con tu abogado/a, para que te aconseje cómo debes declarar.
• A solicitar ser asistido/a por un médico.
Si no lo solicitas, y durante la detención recibes la visita de un médico forense, puedes solicitarle que acredite documentalmente su identidad. Conviene que denuncies ante él/ella todo tipo de maltratos físicos, psíquicos o torturas que hayas podido recibir. Si tienes marcas, enséñaselas y asegúrate de todo esto figura en el informe del médico.
• Identificación de los agentes que te detienen.
• Presentación de la orden de detención (en caso de haberla). Si no la hay, la policía debe informar de tu detención al juez en el plazo de 24 horas.
• Si te detienen, no te pueden retener más de 72 horas, pasado ese plazo deben ponerte inmediatamente a disposición judicial.
• En los casos de detención ilegal o que no se respeten los derechos de las personas detenidas, se puede solicitar el Habeas Corpus, es un procedimiento de puesta inmediata a disposición judicial. Lo puede solicitar el detenido o algún familiar.
• El interrogatorio judicial debe realizarse siempre en presencia de una abogado/a

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Catedráticas y catedráticos de Derecho del Trabajo contra la reforma laboral

En un momento de emergencia social como este, los profesores de Derecho del Trabajo estamos llamados a reaccionar y, más allá de los análisis técnicos, debemos realizar una valoración global de la reforma y de los peligros que la misma entraña.
En este manifiesto, como ya han venido haciendo otros laboralistas, 55 catedráticas/s, en su posición de perfectos conocedores de las normas laborales, desenmascaran la verdadera finalidad de la norma aprobada por el Gobierno del Partido Popular y sus terribles consecuencias.
Frente a las propaganda mentirosa con la que el Gobierno pretende engañar a la ciudadanía, la opinión de los expertos, de los que llevan décadas estudiando y enseñando Derecho del Trabajo, es irrefutable: la reforma convierte el trabajo en una mercancía y es contraria al estado social y democrático de Derecho. Ante la evidencia de la quiebra de los principios constitucionales y de la normativa internacional que la reforma provoca, la única solución que puede adoptar un gobierno que respete el principio de estado de derecho es la retirada de la norma.
Y como no atienden a razones, el jueves se lo explicaremos en la calle.
A la Huelga General, sobran los motivos para parar el país!

MANIFIESTO DE 55 CATEDRÁTICOS DE DRECHO DEL TRABAJO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

Los abajo firmantes, catedráticas y catedráticos de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, consideramos un deber cívico hacer pública nuestra opinión de expertos sobre la reciente reforma laboral aprobada por el Gobierno del PP, la cual introduce un cambio radical en el modelo constitucional de relaciones laborales, basado en dos pilares esenciales: un delicado equilibrio entre poderes empresariales y derechos sociales y un estímulo a las expresiones de diálogo social, articuladas de manera señalada a través de la negociación colectiva

La norma de urgencia ha procedido a convulsionar la práctica totalidad de los elementos esenciales de ese modelo constitucional. Por lo pronto, ha desplazado el centro de gravedad normativo de las relaciones laborales desde el trabajo a la producción y al empleo, desde el trabajador y sus condiciones de trabajo a su «empleabilidad”, mercantilizando sin miramiento alguno el trabajo y descontextualizando el marco en el que, desde sus orígenes y sin solución de continuidad, ha venido aplicándose, y ha de seguir haciéndolo, la norma laboral. Este texto legislativo, en segundo lugar, implanta un verdadero sistema de excepción en las relaciones laborales, otorgando poderes exorbitantes al empresario a la vez que destruye las bases fundamentales del poder contractual colectivo autónomo en la regulación de las condiciones de trabajo. La constante reducción de los derechos de los trabajadores se acompaña de una progresiva afirmación de la unilateralidad empresarial sin control ni contrapeso. En suma, la flexibilidad unilateral conferida al empresario, además de despreciar las reglas consensuadas por los propios interlocutores sociales apenas dos semanas antes, aleja nuestro sistema jurídico del modelo social europeo, aproximándolo a antañones modelos autoritarios, de manera oportunista recuperados ahora en nombre de la libertad de empresa. En tercer lugar, la negociación colectiva deja de entenderse como un instrumento de corrección de las desigualdades contractuales, habiendo sido objeto, ella misma, de una flexibilización que altera su posición en el sistema de fuentes. La prioridad aplicativa concedida sin restricción alguna a los convenios de empresa y la supresión del régimen hasta ahora vigente de ultraactividad, además de poder generar un no deseable incremento de la conflictividad social, concibe al convenio colectivo como un simple utensilio al servicio de los intereses subjetivos empresariales, sustituible o modificable a su sola voluntad. La inaplicación de todas las condiciones de trabajo, incluso las salariales, del convenio sectorial expresa una concepción legal decididamente contraria al sistema vigente de negociación colectiva y a su estructura autónoma. En un contexto semejante, en fin, la garantía constitucional de la fuerza vinculante del convenio colectivo queda por completo desarbolada.

La regulación del despido, que se presenta de manera rutinaria como una forma de crear empleo, obedece realmente a un diseño destinado a otorgar fáciles y baratos mecanismos de liquidación y ajuste de plantillas, tanto en el sector privado como en el sector público. Y de hacerlo, adicionalmente, al margen de todo control. Desde luego, del sindical; pero también del administrativo e, incluso, del judicial. Como confiesa sin disimulo alguno el preámbulo de la norma, el propósito de la reforma es impedir el juicio de adecuación – con un evidente tono despectivo, el legislador excepcional lo denomina “juicio de oportunidad”- de los jueces sobre los despidos decididos por el empresario a partir de una definición justificativa que se mueve entre los dos extremos a descartar por cualquier legislador socialmente sensible: la mayor discrecionalidad y la más concreta identificación. La nueva regulación del despido no tiene más finalidad que reducir los costes del despido ilegal o improcedente, rebajando las indemnizaciones y suprimiendo los salarios de tramitación. Además de todo ello, y apartándose de manera grosera de los propósitos confesados de lucha contra la dualidad de nuestro mercado de trabajo, la reforma ahonda la precariedad mediante dos criticables medidas: la implantación de un contrato especial (de “apoyo de emprendedores”), cuya característica más llamativa reside en la posibilidad de despido libre durante un año de duración, y el encadenamiento de contratos de formación para los jóvenes, que pueden estar formándose hasta los 32 años en una misma empresa para el ejercicio de los más dispares e inconexos oficios.

Pero más allá de la crítica a sus contenidos concretos, queremos llamar la atención sobre el cambio de modelo que el RDL 3/2012 induce. Es éste un modelo opuesto al que conforma nuestra Constitución, el de la democracia social en una economía de mercado, que arbitra un equilibrio complejo entre el pluralismo social y la intervención normativa de tutela de los derechos laborales, y que sitúa en el centro de la regulación de las relaciones laborales a la negociación colectiva dotada de fuerza vinculante. En el diseño constitucional, la empresa es un territorio en el que el poder privado del empresario resulta racionalizado en su ejercicio mediante el reconocimiento de derechos de participación a los trabajadores. Este modelo nada tiene que ver ni con la concepción de la empresa como un ámbito de exclusiva gestión por el empresario ni con la noción del empresario como “el señor de su casa”.

Y es que las exigencias de equilibrio presupuestario que impone la Unión Europea ni exigían ni exigen en modo alguno una reforma de las relaciones laborales como la adoptada, contraria al estado social y democrático de Derecho, potenciadora del poder normativo unilateral del empleador y hostil a la acción colectiva de los sindicatos. Por lo demás, y no es lo de menos, la reforma laboral presenta numerosos puntos que contradicen directamente derechos y principios constitucionalmente reconocidos y desarrollados por una extensa jurisprudencia del Tribunal Constitucional, tanto en lo que se refiere al derecho al trabajo como al derecho de libertad sindical. Y además es en una gran parte contraria a los compromisos internacionales asumidos por España, tanto respecto a la Carta de Derechos Fundamentales europea como a los Convenios de la OIT sobre libertad sindical, fomento de negociación colectiva y terminación de la relación de trabajo.

FIRMAN

– Alemán Páez, Francisco (UCórdoba)
– Alfonso Mellado, Carlos Luis (UValencia)
– Álvarez de la Rosa, Manuel (ULa Laguna)
– Aparicio Tovar, Joaquín (UCastilla-LaMancha)
– Ballester Pastor, Maria Amparo (UValencia)
– Baylos Grau, Antonio (UCastilla La Mancha)
– Cabeza Pereiro, Jaime (UVigo)
– Camas Roda, Ferrán (UGirona)
– Camps Ruiz, Luis (UValencia)
– Castiñeira Fernández, Jaime (USevilla)
– Correa Carrasco, Manuel (UCarlos III de Madrid)
– Cruz Villalón, Jesús (USevilla)
– Domínguez Fernández, Juan José (ULeon)
– Escudero Rodríguez, Ricardo (UAlcalá de Henares)
– Fernández López, María Fernanda (USevilla)
– Ferrando García, Francisca (UMurcia)
– Garate Castro, Javier (USantiago de Compostela)
– Galiana Moreno, Jesús (UMurcia)
– García Becedas, Gabriel (UAutónoma de Madrid)
– García Ninet, José Ignacio (U de Barcelona)
– Garrido Pérez, Eva (UCádiz)
– González Posada, Elías (UValladolid)
– Goñi Sein, Jose Luis (U Pública Navarra)
– Gorelli Hernández, Juan (UHuelva)
– López Gandía, Juan (UPolitécnica de Valencia)
– López López, Julia (UPompeu Fabra de Barcelona)
– Luján Alcaraz, José (UMurcia)
– Martínez Abascal, Vicente Antonio (URoviraVirgili deTarragona)
– Martínez Barroso, María de los Reyes (ULeón)
– Mella Méndez, Lourdes (USantiago de Compostela)
– Molero Marañón, María Luisa (UReyJuanCarlos de Madrid)
– Molina Navarrete, Cristóbal (UJaén)
– Monereo Pérez, José Luis (UGranada)
– Moreno Vida, María Nieves (UGranada)
– Navarro Nieto, Federico (UCórdoba)
– Nogueira Guastavino, Magda (UAutónoma de Madrid)
– Ojeda Avilés, Antonio (USevilla)
– Olarte Encabo, Sofía (UGranada)
– Palomeque López, Carlos (USalamanca)
– Pardell Vea, Agnes (ULerida)
– Pérez del Río, Teresa (UCádiz)
– Puebla Pinilla (de la), Ana (UAutónoma de Madrid)
– Quesada Segura, Rosa (UMálaga)
– Ramírez Martínez, Juan Manuel (UValencia)
– Rodríguez Escanciano, Susana (ULeón)
– Rojas Rivero, Gloria (ULa Laguna)
– Rojo Torrecilla, Eduardo (UAutónoma de Barcelona)
– Tortuero Plaza, José Luis (UComplutense de Madrid)
– Tudela Cambronero, Gregorio (UAutónoma de Madrid)
– Sanguinetti Raimon, Wilfredo (USalamanca)
– Valdeolivas García, Yolanda (UAutónoma de Madrid)
– Valdés Dal-Re, Fernando (UComplutense de Madrid)
– Valdés de la Vega, Berta (UCastilla-LaMancha)
– Vicente Palacio, Maria Arantzazu (UJaume I de Castellón de la Plana)
– Vida Soria, José (UGranada)

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Huelga General: Hay que parar el país para salvar el país

Si hay un momento para la Huelga General ese es sin duda el 29 de Marzo.
El día en el que todas debemos parar, no solo las y los trabajadores, sino todas aquellas personas que están siendo agredidos por la política de recortes sociales y la brutal reforma laboral del Partido Popular, que no sólo son aquellas que tienen un contrato de trabajo, sino especialmente los parados, los jubilados, los autónomos, los pequeños empresarios…
El 99% de la población estamos sufriendo la más agresiva ofensa sobre los restos del poco estado del bienestar que nos quedaba y esto hay que pararlo.
La Huelga General es el primer paso de una movilización social continuada que va a demostrar que ni nos resignamos, ni nos callamos, ni nos atemorizan, ni nos vencen.
Ayer el Ministro de interior firmaba la impunidad policial, en un nuevo aviso, puñetazo en la mesa, de que si protestamos contestarán con un uso ilegítimo, e ilegal, de la violencia de estado. Con esto pretende, sin duda, afianzar ese discurso del miedo con el que quieren desmovilizarnos y mantenernos en la apatía, per la mayoría ya despertó y es el momento de volver a demostrarlo.
Por eso, la Huelga General es la oportunidad de regresar a las calles, de tomar de nuevo el impulso que sembramos en Mayo, de demostrar que nunca nos fuimos a casa y que estamos más despierto, más alerta y más dispuestos a pelear por nuestros derechos que nunca.

Y somos cada vez más. Y como muestra aquí incluyo el magnífico comunicado de Jueces para la Democracia y en el siguiente post el Comunicado de las Mesas de Convergencia

Comunicado de Jueces para la Democracia ante la convocatoria de Huelga General contra la Reforma Laboral.
Jueces para la Democracia considera que la aprobada reforma del mercado laboral constituye uno de los mayores ataques al derecho del trabajo y a las instituciones laborales a partir de la aprobación del Estatuto de los Trabajadores y materializa una reforma ofensiva, regresiva, reaccionaria y profundamente injusta.
La reforma introduce los elementos necesarios para modificar sustancialmente los contratos de trabajo en el sector privado y público, consistentes en dotar al empresario de facultades para alterar el salario, jornada, horario, movilidad funcional y geográfica pactados en el contrato individual Así mismo, establece posibilidades de descuelgue de los convenios colectivos, en lo que se refiere, no solo al salario, sino a la totalidad de la negociación pactada en el convenio y profundiza en la desigualdad entre las partes del contrato de trabajo, debilitando paralelamente el papel compensador que constitucionalmente se ha atribuido a los Sindicatos y a la negociación colectiva, así como a la tutela judicial: los Jueces de la Jurisdicción Social ya no podrán valorar la razonabilidad o proporcionalidad de las medidas adoptadas por la empresa.
La reforma refuerza el poder unilateral del empresario y puede provocar la sangrante opción de muchos trabajadores entre ver reducida su retribución y demás condiciones de trabajo (mayor jornada, distribución irregular de la misma por el empresario, polivalencia de funciones, etc.) y la protección social futura o engrosar la estadística de desempleados. La nueva regulación limita, una vez más, las facultades del juzgador para valorar la finalidad y/o razonabilidad, de la extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, reduciendo el margen de tutela judicial ante el despido y desincentivará el ejercicio por el trabajador de reclamaciones judiciales, con degradación de la causalidad en el despido contraria al derecho constitucional al trabajo que consagra el art. 35 de la Constitución Española que integra el derecho a no ser despedido sin justa causa, lo que nos sitúa también al margen de los compromisos asumidos por España con la ratificación del Convenio 158 de la OIT.
Nuestra obligación como jueces garantes de los derechos fundamentales de los trabajadores es continuar aplicando las leyes laborales conforme a los principios y valores constitucionales, poniendo freno a los posibles abusos que tan amplias posibilidades de disposición del contrato de trabajo que se otorgan al empresario. Por todo ello, Jueces para la Democracia quiere expresar su solidaridad con los trabajadores en el ejercicio de sus reivindicaciones, manifestando su apoyo a la Huelga General convocada por los Sindicatos para el día 29 de Marzo de 2012.

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Argumentario breve contra la reforma laboral

Nos encontramos en un momento de emergencia social en España. Los datos del paro marcan máximos históricos y el número de personas que viven bajo el umbral de pobreza no para de crecer. En esta situación, el gobierno del PP responde con recortes en servicios públicos y con la aprobación de una durísima reforma laboral cuyo principal resultado va a ser una bajada salarial generalizada y el aumento del desempleo. Todo ello es la expresión de una política orientada a destruir el estado del bienestar e implican un grave riesgo para la estabilidad social de nuestro país.
No se trata de alarmismo sino de realidad, el contenido de la reforma demuestra claramente que sus objetivos prioritarios, más allá de los vagos argumentos con los que la defiende el gobierno, son dos: devaluar los salarios, buscando igualarlos con el SMI fijado y congelado en 641 euros al mes y limitar la capacidad de reacción y respuesta de los trabajadores, facilitando el despido y convirtiendo la precariedad en la norma. En definitiva, elimina la función más elemental del derecho del trabajo que era la búsqueda de un equilibrio entre los derechos de los trabajadores y la voluntad del empresario, situando el beneficio empresarial en el centro del sistema.
Pero el ataque contra los derechos de los trabajadores y lo erróneo de las medidas no es algo novedoso. De hecho, esta reforma comparte con las anteriores, realizadas por el PSOE, en 2010 y 2011, tanto los errores en la forma como en el fondo. Todas ellas han utilizado los derechos de los trabajadores como un elemento de amortiguación de las consecuencias de la crisis económica, que no han provocado los trabajadores, desregulando el mercado de trabajo, bajando los salarios y prácticamente eliminado la estabilidad en el empleo.
¿Cuales son las vías para conseguir estos objetivos reales de la reforma?
La devaluación salarial generalizada se consigue primando la negociación colectiva de empresa y permitiendo el descuelgue a este nivel del convenio de sector, de esta manera va a primar la voluntad del empresario para fijar las condiciones de trabajo, incluido el salario y la jornada, con el peligro evidente de que se produzca una carrera a la baja entre empresas del mismo sector para ser más competitivas a base de reducir costes sociales. En esta misma línea va la eliminación de la ultraactividad del convenio.
La sumisión de los trabajadores a la voluntad del empresario, el acatamiento forzoso de esta devaluación salarial, se consigue de dos maneras: abaratando el despido y precarizando al precario.
Así, la reforma facilita el despido de manera general bajo el argumento de que despedir era difícil y caro. Bastan dos datos para demostrar que esto es falso, entre 2007 y 2011 se destruyeron 2,7 millones de puestos de trabajo, además, los costes del despido suponen, según el Banco de España, un 2% de los costes sociales. Aun así, la reforma facilita y abarata aun más el despido ¿cómo?
– Crea un contrato, llamado cínicamente contrato indefinido para emprendedores, que instaura el despido libre durante un año en las empresas de menos de 50 trabajadores
– Abarata la indemnización por despido improcedente, pasando de 45 días con un límite de 42 mensualidades a 33 días con un límite de 24, aplicándola parcialmente a los contratos ya vigentes de manera que va a provocar una reducción real de las indemnizaciones ya generadas.
– Elimina los salarios de tramitación
– Amplía los supuestos en los que el empresario puede despedir por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción)
– Elimina la autorización administrativa en los procesos de despido, suspensión y reducción colectiva de trabajo, con la consiguiente reducción de la protección de los trabajadores en estos supuestos y del control del fraude y de las causas alegadas por las empresas.
En definitiva, convierte al despido en una herramienta normal de la gestión de la empresa y no en una opción excepcional, como debería de ser por el impacto que tiene para la vida del trabajador, ligada al mantenimiento de la viabilidad de los puestos de trabajo.
Por añadidura, la reforma precariza, aún más, la situación de los jóvenes menores de 33 años, ampliando las posibilidades para la utilización, incluso encadenada, del contrato para la formación y aprendizaje, que permite abonar salarios por debajo del SMI. Además, a partir de ahora, la formación podrá ofrecerse en la misma empresa, abriendo así la puerta a deficiencias formativas en estos contratos. También desnaturaliza la reforma el contrato a tiempo parcial, mayoritariamente utilizado por mujeres, introduciendo la posibilidad de realizar horas extraordinarias, lo que a la postre va a provocar una mayor disponibilidad del tiempo del trabajador al servicio del empresario y que impedirá de facto la conciliación entre la vida personal, laboral y familiar así como la formación continua.
Se pretende, en definitiva, una paulatina sustitución de trabajadores estables por nuevos empleados frágiles, pauperizados y con escasa capacidad de respuesta colectiva.
El trabajador se convierte en mercancía y la razón de ser del derecho del trabajo, nacido para conseguir un cierto equilibrio entre empresarios y trabajadores, se pierde. Esto no beneficia a nadie, la pauperización de la clase trabajadora, la destrucción de empleo, la precarización masiva, no beneficia ni tan siquiera a los empresarios, al contrario, agudiza la situación de emergencia social y económica y amenaza seriamente la convivencia política

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Por una asamblea constituyente

La Fundación CEPS acaba de publicar, en la editorial Sequitur, el libro «Por una asamblea constituyente. Una solución democrática a la crisis de legitimidad» de descarga gratuita en

Haz clic para acceder a asambleaconstituyente.pdf


Comparto aquí la conclusión del libro, como lectura imprescindible en estos tiempos que corren

Conclusión: Una salida democrática a la crisis

No es difícil resumir la idea-fuerza que propone este trabajo desde su título: la necesidad del avance democrático a través de un proceso constituyente como salida a la crisis sistémica en la que viven nuestras sociedades. Es necesario hacer frente a los poderes fácticos defensores de intereses contrarios a los generales, como los mercados, los profesionales de la política, las dinámicas colonizadoras o las grandes transnacionales, con otro poder no menos fáctico pero plenamente legitimado por la soberanía del pueblo: el poder constituyente.

El poder constituyente por el que se aboga es el propio de una teoría democrática del poder público. Constituir significa crear. El poder constituyente democrático es en esencia, y por esencia, un poder creador de una realidad nueva y dialéctica, de progreso respecto al pasado, necesariamente diferente de lo que había. Entre lo que había y lo que habrá se sitúa el poder constituyente democrático. Su carácter, por democrático, no puede ser otro que el de poder político y originario. Sobre él no actúan los cerrojos del poder constituido, ni las losas de la Constitución anterior. El poder constituyente engendra poder constituido y, al hacerlo, lo dota de la legitimidad democrática necesaria para su construcción. No es un acto definitivo; se activa cada vez que el poder constituido, como en la actualidad, queda deslegitimado. Cada generación tiene el derecho a cambiar sus normas de convivencia, su Constitución, y a decidir sobre su presente y su futuro. Negar este derecho en cualquier sociedad es, por definición, negar el carácter democrático de dicha sociedad.

Como se ha hecho énfasis en el primer capítulo, la aparición de la teoría democrática del poder constituyente sentó las bases de una transformación hacia lo que denominamos contemporaneidad, época en la que todavía vivimos. La contemporaneidad, en general, revindica una nueva relación social diferente a la del Antiguo Régimen, y construye los cimientos de un poder público legitimado ya no en ascendencias nobiliarias o voluntades teocráticas, sino en la construcción de un sujeto colectivo, el pueblo, depositario de la soberanía. La decisión del pueblo, no por democrática está exenta de las condiciones de realidad que la envuelven: las Constituciones del Estado liberal revolucionario, como la francesa de 1793 o la española de 1812, pueden lógicamente ser criticadas desde la perspectiva actual por lo que sabemos y entendemos ahora. Pero ello no desmerece en absoluto una realidad imposible de contradecir: que, en su momento, fueron Constituciones revolucionarias, porque, en mayor o menor medida, transformaron la realidad en la que habían vivido en otra diferente que, en algunos casos, ni siquiera era imaginable. De hecho, en gran parte seguimos bebiendo de la fuente del liberalismo revolucionario en cuanto a legitimidad y organización del poder público se refiere.

Cierto es que la involución que experimentó la teoría democrática del poder constituyente durante el Estado liberal conservador no responde a estas premisas emancipatorias. El siglo XIX, por varias razones que se han indicado en el texto, fue en su mayor parte un periodo oscuro en cuanto a la legitimidad democrática del poder público, lo que se tradujo seguramente en los índices de mayor desigualdad social que ha experimentado el contexto europeo en su historia, y la correspondiente crisis social que enfrentó al Estado liberal a sus rupturas: los comunismos y los fascismos. El resultado fue una transformación del propio Estado liberal hacia la creación de condiciones materiales de igualdad que lo hicieran viable, lo que supuso un esfuerzo importante en la construcción del conocido como Estado del bienestar o Estado Social. El constitucionalismo social, como se ha relatado en detalle, cumplió con su papel histórico de crear ciertas condiciones de satisfacción individual y colectiva que, aunque es cierto que respondían a algunas necesidades del proceso capitalista de producción, también lo es que consiguieron, allí donde se implantó con éxito, y en buena medida gracias a la dominación colonial y neocolonial, condiciones de bienestar material para la mayor parte de la población.

Pero, a estas alturas, el fracaso del constitucionalismo social es un hecho. Lo es porque no fue un constitucionalismo lo suficientemente fuerte como para contrarrestar el empuje de los poderes fácticos, cuando entraron en crisis los beneficios máximos del capital y, al mismo tiempo, desapareció el recurso a la alternativa de los comunismos. También porque la propia implantación del Estado del bienestar incluía la semilla de la despolitización de una sociedad que, por causas diversas en las que no es menor la tranquilidad que ofrece un sistema mínimo de cobertura vital, dejó de reivindicar lo que nunca debería de haber olvidado: la conciencia de que, como pueblo, legitima al poder constituido. Y que, por lo tanto, la sociedad conformael único poder legitimador desde la perspectiva del constitucionalismo democrático: el poder constituyente.

Lo cierto es que cuando el Estado social fue amenazado, la Constitución fue incapaz de restablecer los derechos que caracterizaban al constitucionalismo social. La Constitución, de hecho, ya no estaba formalmente en manos del pueblo, puesto que los poderes constituidos se habían arrogado la posibilidad, heredada del Estado liberal conservador, de cambiarla a su antojo. A su vez, la crisis llegó para quedarse: su carácter sistémico, propio de la maximización del beneficio sublimada por el neoliberalismo, hacían de la época dorada del Estado social algo mítico que pasó alguna vez en la historia y que quedaría en los recuerdos de los más viejos. La solución, por lo tanto, parecería pasar solamente por la resignación.

¿O no? La teoría del poder constituyente nos ofrece otra salida: la regeneración de lo que existe, del poder constituido, a través de la decisión democrática del pueblo. La recuperación de un concepto democrático de la soberanía, que no es el fundamento del Estado, sino el instrumento de la sociedad frente al Estado: que lo crea, lo controla, y lo coloca a su disposición. Como sabemos desde los teóricos clásicos contractualistas, el Estado no tiene sentido por sí solo, si no es para mejorar permanentemente las condiciones de vida de los miembros de la sociedad organizada. La soberanía no es un conjunto de reglas y procedimientos, sino el reconocimiento formal de un poder que la sociedad puede, y debe, utilizar contra las elites cuando éstas atentan contra el interés general; y la materialización última de la soberanía es el poder constituyente. Varias experiencias constituyentes en países de dentro y fuera de nuestro entorno, como se ha expuesto en el texto anterior, han utilizado esa vía y los resultados, aunque seguramente mejorables (recordemos la dinámica dialéctica del poder constituyente), son desde luego dignos de consideración.

Pero un proceso constituyente democrático también es, cabe insistir, hijo de las condiciones en que se puede producir; o mejor dicho, su presencia depende de ciertas condiciones que necesitan estar presentes para su activación, principalmente tres:

· En primer lugar, desde luego, es fundamental la existencia de un estado de necesidad constituyente; una crisis de legitimidad del poder constituido que, sin duda, se da en la actualidad. El capítulo destinado al proceso constituyente español de 1977-78 ha demostrado cómo el marco político en el que aquél tuvo lugar, quizás incluso necesario en aquel momento, es insuficiente a día de hoy. Las nuevas necesidades sociales no obtienen respuesta en las decisiones del constituyente de 1978, ni en su producto: la Constitución actualmente vigente que, además, ha sido aunque legalmente, ilegítimamente modificada por los profesionales de la política que siguen detentando, de esta manera, el poder constituyente constituido.

· En segundo lugar, es necesaria una repolitización de la sociedad, que pasa por la conciencia de cuál es su papel histórico en el momento en que vive y cómo su participación influirá de forma decisiva en la emancipación colectiva. La mera existencia de necesidades constituyentes, como demuestran amplias regiones del mundo como África o Asia, no son suficientes para la activación de una revolución democrática. La concienciación política es más necesaria que nunca, y sin ese elemento subjetivo-colectivo cualquier desbordamiento democrático se convierte, por esencia, en un imposible.

· En tercer lugar, es importante el conocimiento de la verdadera esencia y potencialidad de la teoría democrática del poder constituyente y sus condiciones de activación que, como se ha demostrado en el texto, no puede contar con la actual Constitución de 1978 como cauce para ello. La Constitución de 1978 no sólo impide jurídicamente el desbordamiento democrático, sino que incorpora varios elementos para que este pueda parecer inimaginable. Los cerrojos constitucionales del Tïtulo X, los límites de la iniciativa popular, las condiciones para la convocatoria del referéndum consultivo… todo parece dispuesto en contra de la activación del poder constituyente.

Pero el poder constituyente no es un poder jurídico, ni puede serlo, en un primer momento. Es un poder político, y no requiere de tránsitos jurídicos aunque éstos, desde luego, facilitarían su labor transformadora. No es el caso de la Constitución de 1978. Pero cabe tomar conciencia de que el poder constituyente es fuerza pura, y que esa fuerza entra necesariamente en conflicto con el constitucionalismo defensivo al que se ha hecho referencia. Es la dinámica de las cosas: la renovación colide con el pasado. Por eso tenemos que entender que la activación del poder constituyente significa hacer frente al conflicto, pero desde una posición de fuerza. En caso de perder por la vía de los autoritarismos, como también ha ocurrido históricamente, el sistema se quitaría su máscara y dejaría ver su verdadera cara: la contramayoritaria.

Es posible que nos dejemos tentar por el pesimismo sobre la posibilidad de una revolución democrática y por la insuficiencia de las condiciones que se han mencionado. Pero recordemos que la historia no se repite necesariamente, ni es desde luego predecible. En otras sociedades la idea constituyente parecía si cabe más alejada que en la nuestra y, sin embargo, se dio; y esto tanto en países relativamente lejanos de nuestro entorno como en otros más próximos, geográfica y culturalmente. Para ello, tenemos que ser capaces de cumplir tres tareas: deslegitimar lo real y no creer que lo dado es lo único que puede haber; una organización popular que sea capaz de avanzar hacia una convicción constituyente desde la base, sin contar (necesariamente) con el poder constituido lo que, desde luego, incluye a los partidos políticos; y atreverse a pensar, en el sentido de ser capaces de imaginar tanto lo que no existe como lo que colectivamente queremos que exista. Tenemos las vías para hacerlo real. Solamente tenemos que ponernos a ello.

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