La nueva reforma laboral: un déjà-vu con consecuencias desastrosas

El viernes 22 de febrero el gobierno del Partido popular confesaba, por fin, sus mentiras anteriores. Negro sobre blanco dejaba claro, en el texto del Real Decreto Ley 4/2013, que la estrategia política de reformas estructurales que el ejecutivo viene aplicando desde 2012 responde a tres objetivos principales: el alcance de la estabilidad macroeconómica; la consecución de entidades financieras sólidas y la instauración de un grado alto de flexibilidad que permita un ajuste de precios y salarios relativos.
Mucho se ha escrito acerca de las reformas sufridas hasta el momento y de estos objetivos, que por inconfesos no dejaban de ser una verdad a gritos. Los datos nos han dado la razón a los que afirmamos que la reforma laboral de 2012 sólo iba a conseguir provocar más desempleo, más precariedad, más desigualdad y más exclusión.
Pero la confesión del Gobierno no le exime de ninguna culpa, ya que está exenta de propósito de enmienda. Al contrario, el ejecutivo de Rajoy persiste en su empeño de acabar con los derechos laborales y sociales, y en este ámbito ha de ser rotundamente declarado culpable de, al menos, tres pecados: mentir en el texto de una ley acerca de sus objetivos (la ley 3/2012 afirmó dirigirse a la creación de empleo y nunca mencionó el tema salarial entre las finalidades perseguidas); incumplir el mandato constitucional según el cual los poderes públicos deben perseguir la consecución de la igualdad material entre los ciudadanos (lo cual no se consigue con una legislación laboral claramente de parte, del empresariado, como la actual) y repetir conscientemente errores del pasado, condenando a los trabajadores a un futuro de precariedad, explotación y exclusión.
Repitiendo errores, del pasado reciente y lejano, la nueva reforma laboral afirma sin pudor la intención del ejecutivo de continuar con el esfuerzo reformista para crear empleo. Unas medidas que el gobierno califica “de nueva generación”, que persisten en sendas ya transitadas y que se han demostrado como vías muertas para tal objetivo. Así, un año después, el gobierno del PP impone, de nuevo por una vía jurídica de dudosa constitucionalidad y alejada del debate parlamentario y por supuesto social, otra vuelta de tuerca a los derechos laborales. Escudándose en el uso de una neolengua (emprendedurismo, cultura del emprendimiento), el gobierno intenta lanzar a modo de cortina de humo su política de apoyo a los “jóvenes emprendedores” para difuminar el verdadero núcleo duro de la nueva reforma: la precarización absoluta de la situación laboral de los menores de treinta años. Los que pensamos que en materia de regulación de las relaciones de trabajo era difícil empeorar la situación creada por la reforma laboral de 2012 nos equivocamos, la “segunda generación” ha ido más lejos.
Refiriéndonos sólo a las medidas dirigidas a los jóvenes de entre el amplio número de las que integra el último Real Decreto Ley del gobierno, la primera sensación que provoca su análisis es un déjà-vu, vinculado con una profunda sensación de inquietud e indignación. Sus medidas evocan aquella errónea política de empleo, llevada a cabo entre 1984 (incluso podríamos decir que ya en los últimos años de la década de los setenta) y 1997, basada en la flexibilidad laboral externa y en el fomento de la contratación temporal sin causa. Esta política consiguió modificar profundamente la estructura de nuestro mercado de trabajo, cuyo rasgo fundamental, además de la especial sensibilidad del empleo a los diversos momentos de crisis económica, ha sido la persistencia de la temporalidad.
Los datos son de nuevo contundentes: la tasa de temporalidad creció persistentemente desde 1985 hasta 1992, hasta alcanzar el 40% y se mantuvo a partir de ahí en un relativo estancamiento, llegando en el 2006 el 32%, en un mercado de trabajo caracterizado en aquel momento por un desempleo del 8.3%.
Cierto es que la temporalidad actual se ha rebajado hasta un 23.02%, pero esta circunstancia, en una situación marcada por una tasa de desempleo que triplica la de 2006, se debe fundamentalmente a que la destrucción de empleo en la crisis, de más de tres millones de puestos de trabajo entre 2008 y 2012, se cebó inicialmente en los trabajadores con contratos temporales.
Las consecuencias de la temporalidad son evidentemente nefastas pero no está de más recordarlas en estos momentos. La contratación temporal genera precariedad laboral y vital individual así como volatilidad general en el trabajo, impide la formación profesional en el puesto de trabajo, la promoción en el mismo, la adquisición de habilidades concretas o de profesión, provoca pérdidas de ineficiencia en las relaciones de trabajo, situaciones de riesgo vital, relacionado con la menor preparación frente a los riesgos laborales, así como una permanente discriminación entre trabajadores que desempeñan las mismas funciones.
Ignorando estas consecuencias, y aprovechando que el desempleo masivo permite forzar a los trabajadores a la aceptación de cualquier empleo, la política del gobierno vuelve a colocarse bajo el signo de que “cualquier empleo es mejor que un no empleo”, regresando al antiguo fomento de la contratación por la vía de eliminar la estabilidad de los colectivos con mayores dificultades de inserción laboral: los jóvenes.
La primera reforma laboral de 2013 evoca a la de 1984 a partir de la que se acuñaba aquello del “modelo de flexibilidad en el margen”: los nuevos contratados pueden ser empleados, sin apenas restricciones, por tiempo determinado, quedando así al margen de la normativa protectora de la estabilidad en el empleo, esto es, del ya mermado derecho a la protección contra el despido sin causa. Todos los esfuerzos realizados fundamentalmente a partir de 1997 por intentar reducir la temporalidad habrán sido en balde.
Pero vayamos al breve análisis de las propuestas concretas. Afirma el gobierno, en su particular análisis de la situación, que los jóvenes españoles tienen una baja “empleabilidad” y que la mejora de la misma va a acometerse mediante la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven, que persigue “aumentar la calidad y la estabilidad del empleo, promover la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y fomentar el espíritu emprendedor”. Paradójicamente, para llegar a estos objetivos se adoptan cuatro medidas, entre otras muchas basadas la mayoría en la múltiple bonificación de cuotas a costa de la caja de la seguridad social, que profundizan en la senda contraria.
En primer lugar se han aprobado los llamados “incentivos destinados a la contratación a tiempo parcial con vinculación formativa” para jóvenes desempleados menores de treinta años. Se fomenta aquí la ya precarizada contratación a tiempo parcial, que en la reforma de 2012 se modificó para permitir el uso de horas extraordinarias, abriendo así enormemente la puerta al fraude en esta modalidad contractual. Pues bien, sobre esta precarización se bonifican las cuotas a la seguridad social que el empresario debe pagar cuando contrate a jóvenes a tiempo parcial, con contrato temporal o indefinido, siempre que provengan de un listado de situaciones, entre otras la amplia exigencia de “provenir de otro sector de actividad”, y con el requisito de que exista una “vinculación formativa” traída por los pelos. En efecto, se exige que los trabajadores compatibilicen este trabajo con la formación, tenga o no tenga relación con el trabajo desempeñado, o justifiquen el haberla cursado en los seis meses previos a la celebración del contrato.
En segundo lugar, siempre centrándonos en las medidas que van a impactar en la precariedad del empleo juvenil, la norma crea una nueva modalidad contractual, el llamado “primer empleo joven”. Es éste un contrato temporal acausal, fundamentado únicamente en la ausencia de experiencia laboral para menores de treinta años. Así, estos jóvenes podrán ser contratados sin importar si la actividad que van a realizar tiene carácter temporal o indefinido en la empresa, por un periodo de entre tres y seis meses, a tiempo completo o incluso a tiempo parcial. La probabilidad de que un joven aumente su empleabilidad trabajando cuatro horas diarias, haciendo una tarea similar a la de otro trabajador indefinido de la misma empresa entre tres y seis meses es, a todas luces, ridícula.
En tercer lugar, la nueva reforma laboral modifica los requisitos para la contratación en prácticas, eliminando la barrera temporal existente que ligaba el empleo a la formación al imponer un límite de cinco años entre la finalización de los estudios y la contratación con esta modalidad para poner en práctica lo estudiado. Este vínculo de continuidad entre la formación teórica y el desempeño de la práctica fundamentaba el propio contrato que ahora queda desnaturalizado. En efecto, a partir del RDL 4/2013, los contratos en prácticas, que recordemos tienen duración determinada, máximo de dos años y mínimos de seis meses y salario que puede oscilar entre el 60 o al 75 % del salario fijado en convenio durante el primero o el segundo año de vigencia del contrato, podrán ser utilizados a discreción con toda persona menor de treinta años, sin importar que los estudios a poner en práctica se hubieran finalizado diez años antes. Además, será posible encadenar un contrato para la formación y aprendizaje con uno de prácticas, que se podrá justificar en el certificado de profesionalidad obtenido durante el anterior contrato formativo. Esta contratación de mano de obra cualificada y excepcionalmente barata, tanto por la no estabilidad como por el precio, está además bonificada en las cuotas empresariales a la seguridad social.
No acaban aquí las modificaciones que atañen a los llamados “contratos formativos”, cada vez más desvaídos. El cuarto pilar de esta estrategia de precarización de los jóvenes es la entrada de las Empresas de Trabajo Temporal en la realización de los contratos de prácticas y aprendizaje, traspasándose así otra de las líneas rojas relativa a la protección de los jóvenes.
La promoción de la temporalidad como freno al desempleo en unas circunstancias donde el trabajador adulto tenía una fuerte protección frente al despido fueron desastrosas, pero se contaba en aquél entonces con una suerte de colchón familiar, sustentado por esos trabajadores protegidos por las normas laborales. Hoy en día ese colchón ha desaparecido. La reforma laboral de 2012 precarizó el conjunto de la contratación laboral, facilitando y abaratando el despido y rebajando de facto los salarios. La promoción de la temporalidad como única salida para los jóvenes no va a jugar esta vez con el seguro del sustento de las familias, llevadas al límite de su resistencia. Puede que el hostigamiento del gobierno a los trabajadores adultos no haya conseguido llevar al límite la crispación social, pero lo que parece claro es que hay una generación, esa juventud a la que se amenaza con un no futuro, que ha perdido el miedo.

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