La memoria de las reformas laborales: sobre la amnesia del PSOE y la reforma del PP

A lo largo de los últimos días hemos asistido a un curioso fenómeno de amnesia política que no puede pasar desapercibido. El PSOE, responsable directo de las reformas laborales de 2010 y 2011, ha lanzado una campaña contra la reforma laboral aprobada por el Partido Popular el pasado 10 de febrero, posicionándose frontalmente contra ella y señalando que va a interponer un recurso de inconstitucionalidad si la norma no se modifica.

Lo curioso del caso, es que la actual reforma laboral puede calificarse en determinados aspectos como “continuista”, puesto que en términos generales ahonda en los graves errores cometidos por el anterior gobierno respecto de la regulación de las relaciones de trabajo, errores en la política laboral que nos han llevado a esta situación de precariedad, temporalidad e imparable ascenso de la tasa de desempleo. En cierta manera podría decirse que el Partido Socialista ha lanzado una campaña contra sus propios errores.

Y es que si tuviéramos que resumir a grandes rasgos la reforma de 2010 deberíamos señalar que con ella se facilitó el despido, abaratando sus costes tanto económicos como de procedimiento y se ampliaron los poderes del empresario para modificar las condiciones de trabajo en detrimento de los poderes de los representantes de los trabajadores y de la negociación colectiva. Poco después, en agosto de 2011, el mismo gobierno acometía una segunda reforma, que ahondaba en esta senda de reducir el principio de estabilidad en el empleo a la mínima expresión, afectando por un lado a los jóvenes, con la creación del “contrato para la formación y el aprendizaje”, paradigma del contrato basura y utilizando de nuevo la promoción de la temporalidad para un supuesto fomento del empleo, al eliminar la prohibición de encadenamiento de los contratos temporales.

La reforma realizada por el PP el pasado 10 de febrero camina en una profundización de las líneas maestras de las anteriores reformas, con un salto cualitativo evidente, hasta el punto de eliminar cualquier vestigio de equilibrio que quedara en la normativa anterior. No cabe duda de que en esta ocasión las formas han sido menos contenidas, el Partido Popular no ha querido disimular su entrega a los intereses de la CEOE y los dictados de los llamados “mercados”. Por eso, esta reforma es totalmente efectiva a la hora de facilitar el despido: rebaja la indemnización, elimina los salarios de tramitación, amplía los supuestos en los que el empresario puede despedir por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción), elimina la autorización administrativa en los procesos de despido colectivo, suspensión y reducción de la jornada de trabajo; además, instaura de facto una suerte “contrato único”, con despido libre durante un año, el llamado “contrato indefinido para emprendedores”. De la misma manera, esta reforma se apoya en la flexibilidad ampliada instaurada por las anteriores para dinamitar el poder regulador de los convenios, dotando al empresario de poderes mucho mayores, sin olvidar, entre otras medidas, la precarización del ya precario contrato de formación y aprendizaje.

Pero más allá de las medidas concretas y de la mayor agresividad de la reforma llevada a cabo por el Partido Popular, no puede dejar de percibirse que las reformas de los últimos tres años comparten un presupuesto de fondo. Así, aun siendo esta la reforma más agresiva de la historia del derecho del trabajo español en democracia, no se trata de una contra-reforma sino de una profundización en la senda de involución de los derechos laborales, compartiendo con las reformas anteriores un punto fundamental de partida: utilizar las normas laborales como un elemento de amortiguación de las consecuencias de la crisis financiera y del modelo de producción, vinculando la creación de empleo con la desregulación normativa del mercado de trabajo, la bajada de los salarios y la práctica eliminación del derecho de los trabajadores a la estabilidad en el empleo.

La estrategia sigue siendo clara, pero ahora es demoledora: por un lado se acomete una profunda devaluación salarial, sobre salarios ya de facto en involución, por la vía de la amputación de la capacidad colectiva de negociar el precio del trabajo y por tanto de la individualización de las relaciones entre trabajadores y empresarios; por otro, se consigue la sumisión del trabajador, ya precarizado en cuanto a salario y prestaciones sociales, bajo la continua amenaza del despido libre o poco indemnizado en un contexto de desempleo masivo.

El gobierno del PP ha traspasado así las líneas rojas del ordenamiento laboral desestabilizando el mismo y rompiendo los últimos vestigios de su potencial reequilibrador. Y si esto es grave per se, su impacto se agrava en tanto en cuanto la reforma se produce en un marco económico y social cada vez más degradado, con una situación de desempleo masivo que amenaza prolongarse durante un largo período y que, en conjunción con la dilapidación de los servicios públicos, supone un grave riesgo para la estabilidad sociopolítica de nuestro país.

Dicen que rectificar es de sabios, lo doloroso del tema, es el sufrimiento que se habrían ahorrado los derechos de los trabajadores y las trabajadoras si el PSOE hubiera rectificado cuando estaba en el gobierno.

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