La involución de los derechos de los trabajadores, valorando de nuevo la tragedia laboral

El compañero Hector Illueca y yo hemos escrito este texto, aquí va una versión larga del publicado hoy en Rebelión y en Diagonal

El pasado 10 de febrero el Consejo de Ministros aprobó el Real Decreto-ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (en adelante, RDL 3/2012), que constituye la expresión más significativa y acabada de la política legislativa enderezada a la híper-flexibilización y desregulación de las relaciones laborales en nuestro país. Ciertamente, el contenido de la norma evidencia la plena alineación del Gobierno con los intereses económicos y empresariales dominantes, alumbrando una reforma neoconservadora que acaso constituya el mayor retroceso en la protección de los trabajadores desde el advenimiento de la democracia. Nuestro análisis se orienta fundamentalmente a situar el RDL 3/2012 en un escenario de conjunto, identificando las concretas opciones de política jurídica que han inspirado al legislador. Como podrá advertir el lector, esta síntesis puede efectuarse con relativa sencillez, sin pecar por ello de superficialidad, realizando una lectura sistemática de ciertos artículos y proponiendo algunas hipótesis sobre el verdadero alcance de la intervención legal que se analiza.
La reforma se produce en un marco económico y social cada vez más degradado, con una situación de desempleo masivo que amenaza prolongarse durante un largo período y que, en conjunción con la dilapidación de los servicios públicos, supone un grave riesgo para la estabilidad sociopolítica de nuestro país. La crisis económica empeora por momentos y es previsible una segunda caída todavía más intensa que la desatada en el año 2008. En este contexto, hostigado en los mercados financieros internacionales, el Gobierno ha asumido los principios de los sectores ultraliberales que controlan la política económica, lanzando un ataque fulminante contra los trabajadores y sus organizaciones representativas. Ante la imposibilidad de acometer una devaluación externa por la pertenencia al euro, el RDL 3/2012 impulsa la aplicación de un violento ajuste de precios y salarios, argumentando que ello contribuirá a resolver los gravísimos desequilibrios que padece nuestra economía y sin atender a las consecuencias que la involución social legislada, pauperización y precarización, va a provocar en la mayoría de las y los ciudadanos.
La estrategia es clara y demoledora: por un lado se acomete una profunda devaluación salarial, sobre salarios ya de facto en involución, por la vía de la amputación de la capacidad colectiva de negociar el precio del trabajo y por tanto de la individualización del trabajador frente al empresario; por otro, se consigue la sumisión del trabajador, ya precarizado en cuanto a salario y prestaciones sociales, bajo la continua amenaza del despido libre o poco indemnizado, en una situación de desempleo masivo.
Para conseguir el primer objetivo, la devaluación salarial y la individualización del trabajador frente al poder del empresario, el gobierno promueve y facilita la atomización de la autonomía colectiva, fraccionando así su poder y afectando al equilibrio mismo de las fuentes del Derecho del Trabajo y de los sujetos implicados en las relaciones laborales. En efecto, la reforma consagra el protagonismo de la negociación colectiva en el seno de la empresa y procura un desplazamiento de las unidades de contratación hacia los ámbitos inferiores, es decir, hacia las empresas, que se convierten en el principal y casi exclusivo centro de decisión en materia de relaciones laborales. Por lo pronto, se amplían sensiblemente las causas que justifican el descuelgue de las condiciones de trabajo previstas en el convenio, extendiendo esta posibilidad a los principales elementos de las relaciones laborales (artículo 82.3 ET, jornada, distribución del tiempo de trabajo, horario, turnos, salario, funciones… incluso complementos de la seguridad social). Además, se otorga prioridad aplicativa a los convenios de empresa sobre los de ámbito superior, desvirtuando la regulación sectorial de variables estratégicas como la cuantía del salario, (artículo 84.2 ET), lo que puede dar lugar a un agresivo proceso de dumping social. Y no es esta una cuestión que pueda seguir pasando desapercibida, en efecto, al introducir el salario como un factor de competitividad entre las empresas del mismo sector, por la eliminación del convenio de mayor nivel que marcaba un mínimo común, la carrera de las empresas hacia la fijación generalizada del SMI (641 euros al mes) está abierta y la pauperización servida.
Con todo ello, la “empresarización” de la negociación colectiva auspiciada por el RDL 3/2012 pone en cuestión el principio de autonomía colectiva y la fuerza vinculante de los convenios, vulnerando en nuestra opinión el art. 37 de la Constitución Española y favoreciendo el poder del empresario individual. No es ningún secreto que el poder de los sindicatos decae en los niveles empresariales de negociación, ya que, en última instancia, todo el proceso negociador se halla condicionado por las facultades de coerción empresarial. Por otra parte, la debilidad sindical se acrecienta si consideramos la escasa fiabilidad que, sobre todo en las pequeñas empresas, tiene la representación de las y los trabajadores, frecuentemente controlada por el empresario. Si a ello se añade la limitación de la ultraactividad de los convenios a un período de dos años (artículo 86.3 ET), situando en el horizonte el SMI como suelo de la contratación, se advierte fácilmente la voluntad de provocar una rápida devaluación salarial, esto es, de inducir una profunda reestructuración de las normas de reparto del excedente económico en detrimento de los trabajadores.
El segundo pilar de la reforma se centra en el despido, facilitando la ejecución del mismo hasta el punto de convertirlo en una opción más del abanico de posibilidades de gestión cotidiana de la empresa, ignorando así las consecuencias que el despido conlleva en la vida de las y los trabajadores. El vínculo entre la desregulación del despido y la devaluación salarial es claro, mediante la amenaza del primero y en una situación de desempleo masivo se coloca al trabajador en la fatal choice, quedarse sin trabajo, en el mejor de los casos con una indemnización cada vez menor, o aceptar unas condiciones salariales miserables.
Antes de valorar las diferentes vías de desregulación del despido, debe recordarse que el derecho a no ser despedido sin justa causa forma parte fundamental del derecho al trabajo en su vertiente individual que la CE reconoce en su art. 35.1 y que se consagró con claridad en el convenio 158 de la OIT, normas que ignora y vulnera la reforma operada por el RDL 3/2012. Así, la regulación actual permite, por un lado el despido libre o sin causa durante un año en las pequeñas empresas, incrementando la precariedad de determinados colectivos de trabajadores (mujeres, jóvenes y desempleados mayores de 45 años); mientras que, por otro lado, flexibiliza el despido rebajando sus costes económicos (abarata la indemnización por despido improcedente, limitándola a 33 días con un límite de 24, aplicándola parcialmente a los contratos ya vigentes, elimina los salarios de tramitación) y procedimentales (amplía los supuestos en los que el empresario puede despedir por causas objetivas, elimina el vínculo entre este despido y la reducción de puestos de trabajo y prescinde de la autorización administrativa en los procesos de despido, suspensión y reducción colectiva de trabajo).
Como puede observarse, la reforma de la legislación laboral persigue el ajuste salarial mediante la desarticulación de la negociación colectiva y el abaratamiento del despido, amén de otros aspectos periféricos o secundarios, pero no por ello menos importantes. Así, junto con estos dos conjuntos de medidas que colocan a las y los trabajadores en esta situación de pauperización paulatina, enfrentamiento individual al empresario en la fijación de las condiciones de trabajo y facilitación del despido, la reforma incluye variaciones en las formas contractuales que tienden a la precarización de los precarios, en particular las personas menores de 33 años, con la ampliación de la duración y posibilidades del contrato para la formación y aprendizaje y a la híper-flexibilidad de los tiempos de trabajo, con la introducción de horas extraordinarias en el contrato a tiempo parcial. Se pretende, en definitiva, una paulatina sustitución de trabajadores estables por nuevos empleados frágiles, pauperizados y con escasa capacidad de respuesta colectiva.
Por todo lo anterior, podemos concluir que el RDL 3/2012 socava el principio de estabilidad en el empleo y protagoniza una auténtica refundación de las bases y estructuras que conforman el sistema laboral, otorgando el máximo rango a la voluntad del empresario y multiplicando su capacidad de gestionar unilateralmente la vida del contrato de trabajo. Es innegable que, en un escenario caracterizado por la asimetría contractual, la desregulación del trabajo asalariado significa la libertad para la parte económica más fuerte, el empresario. En la práctica, el trabajador aceptará las condiciones impuestas por éste, puesto que se encuentra en una situación de inferioridad y dependencia que impide cualquier negociación de las condiciones contractuales. Desde este punto de vista, puede concluirse que el RDL 3/2012 pone en cuestión el cuadro institucional del Derecho del Trabajo y facilita la sobreexplotación de las y los trabajadores, abriendo el camino a la implantación de condiciones extremadamente duras.
La historia del siglo XX demuestra que el Derecho del Trabajo ha sido un instrumento decisivo para humanizar las condiciones laborales de los que, careciendo de medios de producción propios, devienen obligados a vender su fuerza de trabajo para subsistir. Nuestra disciplina no ha neutralizado, ni pretendía hacerlo, el conflicto entre capital y trabajo que se produce en el capitalismo, pero intentaba en sus orígenes forzar una suerte de pacto y, de hecho, a lo largo de su historia ha mitigado las fracturas sociales removiendo sus efectos más indeseables y contribuyendo a la estabilidad de un sistema que, desde su aparición, ha arruinado la vida de millones de personas. Tanto es así, que puede afirmarse sin la menor duda que la democracia occidental se ha consolidado, entre otros aspectos, porque la legislación social otorgaba a los trabajadores un estatus de ciudadanía capaz de imponerse a las exigencias del mercado, garantizando una existencia civil relativamente soportable a la inmensa mayoría de la población.
Pero este derecho capitalista del trabajo, que no nació de una voluntad tuitiva pero sí al menos de una necesidad de equilibrar, en alguna medida, las relaciones capital-trabajo ha sido sobrepasado en la actualidad por un derecho neoliberal del trabajo que rompe con todo pacto anterior y con los principios constitucionales del Estado social.
Ante esta mutación forzada mediante ingeniería jurídica realizada por los poderes económicos y alejada de cualquier síntoma de democracia industrial o representativa, los juristas del trabajo debemos mantener una postura radicalmente contraria y combativa. Ciertamente, no podemos predecir los acontecimientos que deparará el naciente siglo XXI en lo que a relaciones de trabajo se refiere, pero sabemos, o deberíamos saber, que la desregulación del trabajo asalariado erosiona y debilita gravemente, y en nombre del beneficio de sólo unos pocos, las bases de la convivencia en nuestra sociedad.

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