Comentario de urgencia a la información proporcionada por el Ministerio sobre el contenido de la Reforma Laboral

Como ya nos tiene acostumbradas, el Ministerio presenta las reformas con un lenguaje que pretende ser amable y “favor laboris”. No puede llevar a engaño, la brutalidad de la reforma es extrema, el ataque a los derechos de las trabajadoras y trabajadores es ilegítimo e inconstitucional, contrario a los principios básicos de un Estado social, a los derechos sociales contenidos en la Constitución como la negociación colectiva y el derecho al trabajo y a las normas internacionales que derivan de la OIT y que vinculan al Estado Español.
Ante la injusticia y la ilegalidad, respuestas en la calle y en los tribunales. Huelga y recursos frente a la barbarie jurídica.

Comentario de urgencia sobre las cuestiones fundamentales de la Reforma Laboral (según el contenido del texto publicado por el ministerio):
Se comentan a continuación sólo algunas de las medidas anunciadas, a falta de saber el contenido exacto de las mismas y sólo a modo de primera aproximación

1. Respecto de la colocación de trabajadores:
El texto del ministerio dice: “Colaboración en la búsqueda urgente de empleo: se autoriza a las Empresas de Trabajo Temporal para actuar como agencias privadas de colocación”
Y la verdad es: la actividad de colocación, de vincular la demanda de trabajo con las necesidades de los trabajadores, debería residir únicamente en los servicios de empleo públicos o como mucho en agencias de colocación sin ánimo de lucro (asociaciones y sindicatos). La mano de obra no es una mercancía, el mercado de trabajo no es un mercado de bienes y servicios y, por ello, la intervención estatal en la colocación debe ser el pilar fundamental para la promoción del empleo, vinculada a la formación y a la protección por desempleo. Dar entrada al sector privado implica en primer lugar discriminar, sólo las empresas que puedan pagar a las agencias de colocación tendrán acceso a sus servicios, y sobretodo justificar el continuado deterioro voluntario de los servicios públicos de empleo. Por otro lado, es necesario repetir que aun cuando son legales, las empresas de trabajo temporal son organizaciones que se lucran por el mero tráfico de mano de obra temporal y son las responsables de la gran mayoría de contratos basura.

2. Respecto del contrato de formación y aprendizaje

El texto del ministerio dice: “Contrato para la formación y el aprendizaje: Se eleva la edad máxima para tener acceso a este tipo de contrato a menores de 30 años hasta que la tasa de desempleo baje del 15%. Tras agotar un periodo de formación en una actividad, el trabajador podrá utilizar esta modalidad de contrato en otros sectores, lo que mejorará su empleabilidad y le permitirá una segunda oportunidad. Además, podrá recibir la formación en la propia empresa, si dispone de instalaciones y personal adecuado.”
Y la verdad es: esta modificación se acumula a la regulación dada por la reforma de 2011. Así, con este contrato, de duración máxima de 3 años, una persona podrá estar hasta los 33, encadenando contratos para la formación en diversas empresas y para diversos oficios, sobreviviendo con un salario inferior al congelado SMI (proporcional a la reducción de su jornada de trabajo, que debe ser como mínimo de un 75%, por lo que va a cobrar normalmente menos de 481 euros al mes). Con la reforma por tanto se permite que varias empresas se beneficien de este contrato que facilita mano de obra barata, formando a los jóvenes para diversos oficios ¿? y además permitiendo que las actividades de formación se realicen dentro de la empresa, lo que conlleva una falta de control total y amplía las posibilidades de fraude y abuso en esta modalidad contractual.

3. Respecto de “un nuevo contrato indefinido de apoyo a los emprendedores”:
El texto del ministerio dice: La reforma impulsa un nuevo contrato indefinido para PYMES y Autónomos (empresas de menos de 50 trabajadores). El contrato contará con un periodo de prueba de 1 año. La empresa tendrá derecho a una deducción en su cuenta fiscal de 3.000 euros cuando contrate a su primer trabajador, siempre que tenga menos de 30 años. Los emprendedores que contraten a un trabajador en paro podrán deducirse fiscalmente el 50% de la prestación por desempleo que viniera cobrando el trabajador durante 1 año. Por su parte, el trabajador podrá voluntariamente percibir, junto con su sueldo, el 25% de la prestación por desempleo durante el mismo periodo. Además, se establece un régimen de bonificaciones dirigidas a colectivos desempleados con especiales dificultades para su incorporación al mercado laboral.
Y la verdad es: se crea un contrato “para emprendedores”, es decir, se ajusta el contrato a las necesidades de los empresarios, a los que se reduce la presión fiscal en el caso de que utilicen este contrato así como las cotizaciones a la seguridad social. Además, este contrato permite despedir a los trabajadores sin causa y sin preaviso durante un año. La consecuencia parece clara, las PYMES pagarán menos impuestos y menos cuotas a la seguridad social por contratar a trabajadores que podrán despedir durante un año sin justificar el despido.

4. Sobre la limitación de contratos temporales
El texto del ministerio dice: A partir del 31 de diciembre de 2012 se recupera la prohibición de encadenar contratos temporales más allá de los 24 meses.
Y la verdad es: la única medida que va encaminada realmente a reducir la temporalidad y la precariedad se pondrá en vigor en un año. Algo poco probable al ritmo de reforma que llevamos en los últimos tiempos.

5. Sobre el contrato a tiempo parcial
El texto del ministerio dice: Impulso de la utilización de este contrato que favorece que los trabajadores puedan compatibilizar mejor el empleo con los estudios y con su vida familiar y personal.
Y la verdad es: no se dan más datos pero todo indica que se ampliará la facultad de uso de horas complementarias y de disponibilidad del trabajador, que con un contrato de 5 horas estará todo el día a disposición del empresario…conciliación???

6. Sobre la modificación de condiciones de trabajo y los ERES suspensivos o de reducción de jornada
El texto del ministerio dice: se simplifican los trámites para reducir la jornada de trabajo o suspender el contrato como mecanismo de ajuste ante situaciones de disminución de la demanda. Se elimina la autorización administrativa necesaria para llevar a cabo la medida. Para ayudar a las empresas en situaciones económicas adversas, se introduce una bonificación del 50% de las cuotas empresariales a la Seguridad Social de los trabajadores afectados por la suspensión o reducción de jornada, con una duración de 240 días máximo y condicionada a la estabilidad en el empleo (al menos un año).
Y las consecuencias son: a falta de una concreción y según la regulación de partida, suspender los contratos o reducir la jornada en situaciones de disminución de la demanda va a ser más sencillo, desapareciendo una garantía fundamental de la oportunidad de esas medidas como era la intervención de la autoridad administrativa, y con ella de la inspección de trabajo.

7. Sobre el despido:
El texto del ministerio dice: Mayor eficacia del mercado de trabajo, contemplando las siguientes medidas: se clarifican las causas del despido para evitar la excesiva judicialización; se elimina la autorización administrativa previa, en línea con la práctica de los países europeos; se abre la posibilidad de que los organismos y entidades que forman parte del sector público invoquen causas económicas, técnicas, organizativas y de producción; se generaliza la indemnización por la extinción del contrato indefinido que será de 33 días por año trabajado en caso de despido improcedente, con un máximo de 24 mensualidades. La nueva indemnización será de aplicación para el periodo de trabajo que se realice a partir de la aprobación de la presente norma. Se incorpora la obligación para empresas que despidan a más de 100 trabajadores de articular un plan de recolocación externa diseñado para un periodo de, al menos, seis meses.
Y la verdad es: con la reforma se va a facilitar, más, la justificación de los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas y de producción; se va a eliminar la intervención administrativa en los expedientes de regulación de empleo en los despidos colectivos y se abarata el despido, implantando de facto una suerte de contrato único y descausalizando la extinción del contrato.
La reforma parte de afirmaciones falsas y vulnera tanto principios constitucionales como normas internacionales. No es cierto que el sistema español esté excesivamente judicializado ni que la intervención administrativa exceda la que se realiza en otros Estados.
Debe recordarse que, aunque el principio de estabilidad en el empleo no venga establecido expresamente en la principal norma de la OIT sobre seguridad en el empleo, el Convenio 158 sobre la terminación de la relación de trabajo, del art. 4 de este Convenio puede deducirse, a sensu contrario, que este principio sigue presidiendo la regulación de los despidos. “Artículo 4. No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o servicio”. Por otro lado, debe recordarse que la propia Conferencia Internacional del Trabajo afirmó en 1974 el importante papel que la Recomendación 119, primer instrumento sobre la terminación de la relación laboral, estaba jugando en el fomento de la seguridad en el empleo, principio que, según se afirma literalmente en el acta de la sesión, “constituye un aspecto esencial del derecho al trabajo” (CIT, 59.a reunión, 1974, Actas, p. 563).
La destrucción masiva de empleos en los dos últimos años demuestra que en España ha sido más fácil suprimir empleos que en otros países de nuestro entorno, en los que las reestructuraciones de empleo han estado más ordenadas y controladas. Efectivamente, puede que en España despedir sea más caro que en otros estados miembros, pero lo es porque se opta por el despido como modelo de gestión de la productividad empresarial, utilizando la vía de la improcedencia sin someterse a revisión judicial en lugar de seguir los cauces oportunos, que los hay, y que permiten ya una holgada comodidad en los despidos que acrediten justa causa. Por ello, afirmar un exceso de judicialización es absolutamente falso.
Por otro lado, la actividad de la administración en los despidos colectivos se orienta a la verificación de la concurrencia efectiva de las causas legales para tutelar la afectación a los intereses generales, económico sociales que se produce en los despidos colectivos. En la actualidad, la Administración procederá a autorizar o no el despido, realizando un control de fondo sobre la seriedad y corrección de las razones alegadas por el empresario para poder operar el despido, decisión para la que cuenta con el informe de la Inspección de trabajo. Esta intervención es distinta a la que se produce en otros Estados miembros, como Francia, pero contrariamente a lo que pudiera parecer, el sistema de autorización no es el que permite una mayor intervención de la administración en la decisión, gestión, realización y control de los efectos de los despidos colectivos. Sin habilitar otro tipo de medidas de control, la eliminación de la autorización administrativa va a ampliar la posibilidad de fraude en los ERES y facilitar las extinciones contractuales, lo cual no parece muy acorde con la voluntad de reducir el desempleo.
Por otro lado, la reducción de costes del despido que se presenta hoy enmascara en realidad otra reforma que por el rechazo que generó en su día parecen haber retirado, aquella del contrato único. Independientemente del nomen iuris, generalizando un contrato cuyo despido sin causa justa son 33 días se está procediendo de facto a implantar una fórmula contractual cuyo escaso coste, que seguirá reduciéndose, acaba igualando en la precariedad a la totalidad de los trabajadores. Se plantea por tanto una fórmula para eliminar la supuesta dualidad en el mercado de trabajo cogiendo el mínimo común denominador, todos precarios.
Ni los compromisos internacionales asumidos por el Estado Español, las normas OIT que imponen el principio de estabilidad en el empleo basado en la causalidad del despido, ni nuestro texto constitucional (art. 35 CE) permiten la generalización del despido sin causa justa como vía para finalizar las relaciones de trabajo. El despido DEBE ser causal, basarse en una justa causa, y ello ha de asegurar el control judicial del despido.

8. Sobre la lucha contra el fraude laboral
El texto del ministerio dice: El objetivo es activar mecanismos que permitan combatir el fraude y la economía sumergida. Para ello, se propone un Plan especial de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social que garantice el cumplimiento estricto de la Ley.
Se impulsará que los desempleados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad a través de convenios de colaboración con las Administraciones públicas.
La realidad es: existe una patente carencia de efectivos en la inspección de trabajo para llevar a cabo la tarea que pretende la ley, por lo que la medida parece más un brindis al sol. Por otro lado, a falta de concreción, no parece viable obligar a los desempleados a realizar “trabajos voluntarios” durante su situación de desempleo con prestación.

10. Sobre la reforma de la negociación colectiva
El texto del ministerio dice: En la línea de ahondar en la flexibilidad interna de las empresas, que sitúe el despido como último recurso, se acomete una reforma de la negociación colectiva. El texto desgrana una serie de medidas, como la prioridad de los convenios de empresa, la ampliación del descuelgue y el fin de la ultraactividad.
Las consecuencias son: con esta reforma se acaba de facto con la negociación colectiva de sector y se prioriza la negociación en la empresa, favoreciendo al máximo la realización de descuelgues. Se trata de una modificación largamente pretendida por la patronal, cuyo calado merece un comentario sosegado e individualizado.
Después de la concentración en SOL
Seguimos en las calles…

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2 respuestas a Comentario de urgencia a la información proporcionada por el Ministerio sobre el contenido de la Reforma Laboral

  1. Todo lo que nuestros padres consiguieron, lo han borrado en pocos días, ya solo queda un golpe de estado y volvemos al tiempo que quieren estos retrógrados, hay que salir a la calle, indignados somos muchos y ricos estafadores son pocos. Ha de haber una revolución en la cabeza de los ciudadanos, y que sin miedo salgan a luchar por sus intereses. Y los que han votado este destrozo ahora que se escondan en sus casas, yo de ellos ni me atrevería a hablar y defender su voto.

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