La dación en pago de los políticos profesionales

El día 10 se celebró en Xàtiva un encuentro sobre Derecho Concursal. Dicho así, suena a congreso sesudo, máxime tras la última reforma de la Ley concursal, pero la organización tuvo una idea interesante para abrir el encuentro: montar un debate a tres bandas (PSOE, PP, IU) acerca del sobreendeudamiento privado, el problema de las hipotecas y las distintas soluciones que se proponen en los programas de cada partido.

Fue la primera vez que debatía con políticos profesionales, al menos tan profesionales, como Esteban González Pons o Inmaculada Rodríguez Piñero. Y fue curioso, muy curioso.

Al llegar, se saludaron como viejos amigos, preguntándose por la campaña, por el último partido del Levante donde coincidieron. Iban con prisas, venían de un acto y se dirigían a otro, y sonreían mucho, sobretodo, claro, el imperturbable González Pons.

Si algo he de reconocerles a ambos es su “profesionalidad”, cada uno en su campo. Rodríguez Piñero es una técnica perfecta, conocedora al dedillo de sus propuestas, y también de sus insuficiencias (no me cabe duda) buena oradora y capaz de eludir las cuestiones peliagudas. Con ella debatí respecto de la dación en pago descafeinada y voluntaria que plantea el programa del PSOE y nuestra propuesta, que acoge una verdadera obligación de incluir la dación en pago con carácter retroactivo. A ella le recriminé que muchas de sus propuestas habían sido exigidas a lo largo de la anterior legislatura por las organizaciones de consumidores, sindicatos, plataformas, ILPs, proposiciones de ley de Izquierda Unida…, siendo una por una desatendidas por el PSOE. El mismo partido que las desatendió cuando podía legislar ahora las incluye en su programa electoral ¿evolución ideológica u oportunismo?

González Pons es un “profesional de la política”, pero en otro sentido. A lo largo de todo el debate nos abrumó con cifras, cifras de desahucios, de millones de deuda privada, de parados, centrando su discurso en la lamentable situación de las familias, a quien es necesario explicar que no tienen que seguir endeudándose. En sus cuatro intervenciones repitió la misma letanía, dándole vueltas del derecho y del revés, con tal habilidad y número de sonrisas que consiguió decir aquello de “vamos a hacer lo que hemos dicho que haremos y lo haremos tal y como hemos dicho que lo vamos a hacer porque tenemos voluntad de hacerlo y somos capaces de llevarlo a cabo” y quedarse muy contento.

En mi caso, fui probablemente menos hábil con las sonrisas, pero tenía la confianza de saber de lo que hablo. No en vano, el haber  tenido la oportunidad de colaborar parando desahucios me permite hablar desde el conocimiento real, emocional, vital, del tema. Así, en mis intervenciones no di cifras, ni datos abstractos, hablé de personas, de las consecuencias de este sistema salvaje y expliqué la batería de propuestas para la solución del drama del endeudamiento, de los desahucios, sin desaprovechar las ocasiones para evidenciar lo que los otros dos partidos no han hecho cuando han tenido la oportunidad.

Tras un cruce de intervenciones, donde no se cuestionaron apenas las propuestas que yo iba lanzando, finalizamos el debate con una última intervención, muy breve en el caso del PP y con muchas incoherencias respecto de su actuación legislativa en el caso del PSOE.

Yo, como ya me había explicado, dediqué el último minuto a pedirle a los jueces presentes, a los juristas que había en la sala, una aplicación del derecho valiente, que protegiera a las personas frente a los abusos de las entidades de crédito. Les exhorté a que, ante la quiebra del principio de equidad que existe en nuestra normativa, fueran audaces y se vincularan con el cumplimiento del artículo 9.2 de la Constitución, ese que dice que los poderes públicos tienen la obligación de promover la libertad y la igualdad efectiva de los individuos. Ante el desequilibrio normativo, en manos de los jueces queda, en muchos casos, la elección entre democracia o mercados

Como es un tema que me vincula especialmente, me parece interesante exponer aquí cual fue el núcleo de mi intervención respecto al endeudamiento privado y las hipotecas:

Desde los movimientos sociales, desde IU, desde las asociaciones de consumidores, desde los sindicatos, el problema es la cultura del endeudamiento, fomentada desde el propio sistema económico. Todos sabemos que la grave situación económica que atravesamos hace que el problema de sobreendeudamiento familiar se haya convertido en una de las cuestiones sociales que demandan una solución política más urgente. Son cientos las trabajadoras (y no hablaré de consumidores porque ante todo y en primer lugar somos trabajadores) que sufren una situación caracterizada por el vertiginoso aumento del paro y de la inflación, que les impide directamente el “llegar a fin de mes” y que los coloca en una situación de emergencia económico-social al límite, provocada en muchos casos provocado por una deuda hipotecaria.

Así, en un contexto de crecimiento económico ficticio, basado en la especulación inmobiliaria y sostenido por una concesión abusiva de préstamos y créditos hipotecarios, el sobreendeudamiento se ha multiplicado especialmente durante los últimos años.

Más allá de los datos de la deuda privada, el problema es el cambio interesado y provocado en nuestro comportamiento, que hoy se caracteriza por una incitación constante al recurso al crédito, incluso para la obtención de bienes y servicios no esenciales, con multitud de vías para conseguir “dinero fácil”. Se propicia así el endeudamiento privado, disparado en los últimos años, convertido en una vía para que en un contexto de bajo crecimiento de los salarios reales, el consumo no baje. Esto ha situado a los trabajadores en el peor mundo posible: explotados en el trabajo y expropiados por el capital financiero vía pago de intereses.

Mientras, alrededor de este consumo, se han relajado los mecanismos de evaluación del riesgo por parte de los prestamistas (especialmente, sistema financiero) y los deudores privados aparecen como los únicos responsables de su propia situación calamitosa, mientras los prestamistas, en muchos casos abusivos, se quedan exentos de críticas.

Y, claro, en una situación de fuerte reducción de ingresos, cientos de miles de familias, de personas, han dejado de poder hacer frente al pago de sus obligaciones crediticias y en particular de las hipotecas.

El drama de las ejecuciones hipotecarias ya ha alcanzado niveles de alarma social y la normativa sustantiva, civil y concursal y procesal existente no está adaptada a esta situación. Ni en lo relativo en particular a la protección frente a los procedimientos de ejecución hipotecaria ni en lo que respecta a la solución de la situación general de insolvencia de las personas físicas.

Como señala la Plataforma de Afectadas por las Hipotecas, es necesario articular una solución que libere a las hipotecadas de los efectos perversos de la concesión excesiva de crédito por parte de las entidades financieras, de la sobrevaloración de las viviendas, así como de las condiciones abusivas en la concesión de créditos hipotecarios.

La solución que se propone, plasmada en la Iniciativa Legislativa Popular elaborada por la Plataforma de Afectados por las Hipotecas consiste en una modificación de la Ley de Enjuiciamiento Civil, para hacer de la dación en pago la fórmula preferente para la resolución de este conflicto: en el caso de que el bien ejecutado sea la vivienda habitual, su adjudicación por parte de la entidad financiera supondrá el pago de la deuda, extinguiéndose totalmente la misma junto con los intereses y costas. La extinción de la deuda comportará por efecto de la ley la extinción de cualquier tipo de fianza o aval.

En coherencia con esta propuesta se regula la paralización de los lanzamientos derivados de ejecuciones hipotecarias, proponiéndose la conversión de la vivienda adjudicada por la entidad financiera en un alquiler social a favor del ocupante, con unos importes de renta situados en el 30% de la renta del arrendatario.

Estas propuestas, además, están en la línea de las observaciones que la Unión Europea ha efectuado para prevenir los problemas de sobreendeudamiento y para que el acceso al crédito se haga de forma responsable. Supondría hacer efectivo el derecho del deudor de buena fe, en sede hipotecaria, a rehacer su vida económica, y equiparar así la normativa española a la del entorno europeo, donde están previstos diversos procedimientos, bien administrativos, bien judiciales, para afrontar las situaciones de insolvencia de personas físicas.

En el programa-compromiso de Izquierda Unida, se incluyen las siguientes propuestas con respecto a este tema:

–          Consideramos la vivienda como un derecho y exigimos desarrollar mediante Ley Orgánica el artículo 47 de la Constitución que garantiza este derecho.

–          Creación de un parque público de viviendas en alquiler moderado con los stocks actualmente detentados por la Banca y los promotores que serían adquiridos por las Administraciones Públicas a precio de coste, utilizando cédulas hipotecarias y otros mecanismos financieros.

–          Impuesto sobre las viviendas desocupadas

–          Reforma de la ley de enjuiciamiento civil en materia de desahucios, con la incorporación de la fórmula de la dación en pago como liquidación de la deuda con la entrega del bien hipotecado. Hasta tanto esto se produzca establecer una moratoria que suspenda todos los desahucios de manera que ningún núcleo de convivencia quede sin vivienda, haciendo efectivo el derecho constitucional a una vivienda digna.

–          La dación en pago incluirá a todas aquellas personas que han sido deshauciadas de sus casas o están en trámites de desahaucio como consecuencia de la crisis económica, a las que se les anulará la deuda hipotecaria.

–          IBI incrementado en un 100% para las viviendas vacías, consideradas desde que reciben la licencia de primera ocupación y según consumos de agua y electricidad.

Más allá de la cuestión de las hipotecas, es necesario realizar una revisión de las normas que rodean la regulación de las situaciones de insolvencia, reformándolas y avanzando hacia una ley autónoma exclusivamente dedicada a regular el soobreendeudamiento del deudor privado, como ocurre en otros sistemas como Francia o Alemania.

En este sentido, son fundamentales las propuestas que se elevaron ya en 2009, por el Consejo de Consumidores y Usuarios, UGT y CCOO: (http://www.ugt.es/actualidad/2009/febrero/declaracionconjunta_UGT_CCOO_CCU.pdf)

Debe quedar claro que estas propuestas fuedon desatendidas por el Gobierno del PSOE durante su mandato. Ninguna de las soluciones antes planteadas está en el programa del Partido Popular.

 PD: lo que llevo meses aprendiendo del tema, en lo teórico y en lo práctico, en la calle, se lo debo a compañeros varios: Montero, Tasio, Jose, Yolanda y muy en particular a Garzó y a Rafa. Gracias, muchísimas gracias.

 

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