Modelo de alegaciones para sanciones basadas en los artículo 23.d y n

EXP. REF.: ___________
SERVICIO: INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

SECRETARIA GENERAL. SERVICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
______________________________________________, con DNI nº _________________, ____ años de edad, de profesión ______________________ y domicilio a efectos de notificaciones en ___________________________________________________________, con relación al expediente sancionador Nº. Ref. _______________, ante este Organismo comparece y como mejor proceda en Derecho:

EXPONE

I.- Que, en fecha de ________________ me fue notificado “Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana con Nº Ref. _____________, relativo a una presunta infracción que según los artículos 23.n) y 23.d) de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, constituye una infracción Grave susceptible de ser sancionada con una multa de entre 300,51€ a 6.010,12 €.

II.- Que no estando conforme con el citado acuerdo de iniciación de expediente sancionador, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, interesa formular las siguientes,

ALEGACIONES

PRIMERA.- Según el “Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana nº Ref. ____________, el hecho denunciado ha sido relatado como sigue:

RELATO DE LOS HECHOS TAL Y COMO CONSTA EN LA DENUNCIA

Es evidente que los hechos denunciados, tal y como son descritos en el cuerpo de la denuncia son genéricos o abstractos, sin que se adjunte en la notificación de iniciación de expediente sancionador copia de la denuncia formulada y demás elementos de convicción que obren en el expediente administrativo y que concreten y prueben los hechos denunciados. Esto causa inseguridad jurídica e indefensión, lo que está vetado por la ley y además contraviene las normas del procedimiento sancionador y el principio de transparencia del procedimiento establecido en el art 3 párrafo 4 del RD 1398/93.

En cualquier caso, los hechos que se describen aun de manera genérica, no se ajustan a la realidad. Dichos hechos ocurrieron en la forma que seguidamente se pasa a describir.

DESCRIPCIÓN DE HECHOS tal y como ocurrieron

SEGUNDA.- NULIDAD DE PLENO DERECHO.

El expediente sancionador arriba referenciado es nulo de pleno derecho y, por tanto, también lo es la sanción que se imputa, en virtud del artículo 62.1 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece:

“Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a) Los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.”

La iniciación del expediente sancionador referenciado vulnera ampliamente este precepto, por cuanto lesiona el contenido esencial de los derechos y libertades siguientes:
En este sentido ha señalado el Tribunal Constitucional que la dimensión objetiva de los derechos fundamentales y su carácter de elementos esenciales del Ordenamiento jurídico imponen a los poderes públicos la obligación de tener presente su contenido constitucional, impidiendo reacciones que supongan su sacrificio innecesario o desproporcionado o tengan un efecto disuasor o desalentador de su ejercicio. Por ello, si el poder público prescinde de la circunstancia de que está en juego un derecho fundamental y se incluyen entre los supuestos sancionables conductas que inequívocamente han de ser calificadas como pertenecientes al ámbito objetivo de ejercicio del mismo, se vulnera este derecho, pues aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera posible conforme a su tenor literal, los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de una infracción (por todas, STC 185/2003, de 27 de octubre, F. 5). Por ello, la iniciación del expediente sancionador referenciado debe ser declarada nula de pleno derecho en tanto en cuanto vulnera un conjunto de derechos fundamentales en los siguientes extremos.

a.- Vulneración del derecho de reunión del art. 21 y de la libertad de expresión recogidos del artículo 20.1 a) de la Constitución Española.
Como señala el Tribunal (STC 110/2006 de 3 de abril), los derechos de reunión y manifestación son un cauce del principio democrático participativo, con una dimensión fundamental en un Estado social y democrático de Derecho, siendo uno de los pocos medios para que grupos sociales o movimientos sociales expresen y difundan sus principios y objetivos, utilizando así los cauces democrático-participativos existentes en un Estado social y democrático de Derecho. Por añadidura, La Jurisprudencia constitucional define el derecho fundamental de reunión reconocido en el artículo 21 de la CE, como una manifestación colectiva de la libertad de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de personas. Determina, además que “el relieve fundamental que este derecho (cauce del principio democrático participativo) alcanza en sus dimensiones subjetiva y objetiva dentro de un Estado social y democrático de Derecho como el proclamado en la Constitución ha determinado, incluso, que para muchos grupos sociales este derecho sea en la práctica uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones” (STC 163/2006).
Como ya se ha señalado, es evidente que los hechos denunciados, tal y como son descritos en el cuerpo de la notificación de apertura del expediente sancionador son genéricos o abstractos, sin que se adjunte en la notificación de iniciación de expediente sancionador copia de la denuncia formulada y demás elementos de convicción que obren en el expediente administrativo y que concreten y prueben los hechos denunciados.
Con esta falta de concreción se afirma en la comunicación de iniciación de expediente sancionatorio recibida que los mismos son constitutivos de una infracción del art. 23 d) de la LO 1/1992 de 21 de febrero en relación con la infracción de lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.
Sin embargo, los hechos imputados, aun en su descripción genérica, no pueden incluirse en el tipo de los arts. 23 d) por cuanto que de acuerdo con el art. 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, la autoridad sólo debe intervenir para disolver las manifestaciones o reuniones cuando se verifica la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Cuando sean ilícitas, esto es, que hayan sido prohibidas.
b) Cuando se altere el Orden Público con peligro para personas o bienes.
c) Cuando se haga uso de uniformes paramilitares entre los manifestantes.
En este sentido, es evidente que el derecho de reunión no es un derecho absoluto o ilimitado y que el propio texto constitucional en su art. 21.2 establece explícitamente, como límite específico al ejercicio de ese derecho fundamental, que ese ejercicio no puede producir alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes. Sin embargo, como ha establecido el Tribunal Constitucional en su sentencia 66/1995, deben concurrir razones fundadas para considerar que se están produciendo alteraciones del orden público que justifiquen una limitación del derecho de reunión, así como respetarse los principios de necesidad y proporcionalidad en la actuación gubernativa. En este sentido, el Alto Tribunal estimaba como necesarias la concurrencia de los siguientes factores para que se pudiera ordenar la disolución de una reunión:
a) Existencia de razones fundadas de alteración del orden público, sin que baste la mera sospecha; es decir, que quien adopte la decisión que limita o prohíbe el ejercicio del derecho de reunión en un supuesto concreto, debe poseer datos objetivos suficientes, derivados de las circunstancias de hecho concurrentes en cada caso, a partir de los que cualquier persona normal pueda llegar racionalmente a la conclusión, a través de un proceso lógico basado en criterios de experiencia, que la manifestación o reunión producirá con toda certeza el referido desorden público, interpretado éste como peligro para personas y bienes, o, lo que es lo mismo, como el que impide el normal desarrollo de la convivencia ciudadana en aspectos que afecten a la integridad física o moral de las personas o a la integridad de bienes públicos o privados. Debiendo al efecto recoger la correspondiente motivación la resolución prohibitiva. En todo caso, el Tribunal Constitucional ha establecido que, al ponderar la aplicación el límite del art. 21.2, los poderes públicos deben garantizar el ejercicio del derecho de reunión por parte de todos en condiciones de igualdad y sin discriminación alguna en razón del contenido de los mensajes que los promotores de las concentraciones pretenden transmitir, salvo, claro es, que ese contenido infrinja la legalidad, lo cual no ocurría en este caso
b) Imposibilidad de la adopción de otras medidas, diferentes a la prohibición de la reunión, manifestación o concentración, que con carácter preventivo sirvan para conjugar esos peligros y permitir el ejercicio del derecho fundamental. Y por tanto, necesidad de la medida prohibitiva para salvaguardar el orden público sin peligro para personas y bienes.
c) Proporcionalidad entre la medida prohibitiva adoptada y el fin pretendido, el mantenimiento del orden y la seguridad pública en el sentido antes expresado, lo que presupone la ineficacia para lograr ese fin, del ejercicio de las facultades que reconoce a la autoridad gubernativa el art. 10 de la Ley Orgánica 9/1983, en orden a proponer las modificaciones de fecha, lugar o duración de la reunión prevista, siempre y cuando tales modificaciones no desvirtúen el objetivo perseguido por los manifestantes. En definitiva, la medida impeditiva del ejercicio del derecho de reunión superará el juicio de proporcionalidad exigible siempre y cuando tal medida sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto –la garantía del orden público sin peligro para personas y bienes–, sea necesaria en el sentido de que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia y, finalmente, sea ponderada y equilibrada por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto.
Además de la valoración material de la causa y el criterio de proporcionalidad, el artículo 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión exige el anuncio a la manifestación prohibida, suspendida y a disolver.
El día de autos no se verificaba la concurrencia de ninguna de estas situaciones descritas. Aun al contrario, fue la actuación policial utilizando la violencia física para conseguir dispersar a los manifestantes e impedir el ejercicio de su libertad de expresión lo que provocó la situación de peligro para las personas y bienes.
Por todo ello, la imposición de la sanción por no disolver una reunión cuando no se daban los presupuestos necesarios para ordenar dicha disolución supone una lesión de los derechos fundamentales de reunión y manifestación tal y como más arriba se indicaba.
Por añadidura, en ningún momento se indicó a los reunidos de manera expresa y justificada la necesidad de disolver la concentración, sino que se actuó mediante los dispositivos antidisturbios sin proceder ex ante ni a la identificación ni a la comunicación de los motivos aducidos.
De igual manera, debe recordarse que el artículo 23 n) de la LO 1/1992, dispone que será constitutivo de infracción grave “Originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal”.
En modo alguno los hechos descritos en la comunicación pueden tipificarse como infracción, puesto que distan mucho de suponer un grave desorden en la vía pública. Al contrario, los hechos denunciados suponen una mera manifestación del ejercicio del derecho de libre circulación, de reunión y de libertad de expresión, y su tipificación como infracción supone un grave menoscabo a su libre ejercicio.

b. Vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos del artículo 9.2 y 3 de la CE, en relación con el artículo 21 en relación con el artículo 20.1.a) de la Constitución Española.

La Administración no puede, en su caso, imponer sanciones con ocasión del ejercicio de un derecho constitucional, en este caso de la conjunción del ejercicio de dos de ellos, reunión y expresión, sin la estricta y escrupulosa observancia de las numerosas garantías procedimentales previstas en un Estado de Derecho.
La inobservancia de estas garantías lleva consigo un ataque a la integridad de los derechos y libertades, que no podrían ser libremente disfrutados por temor a una sanción.
El artículo 9.2 de la CE encomienda a los poderes públicos la promoción y el favorecimiento del ejercicio pleno de los derechos. Ante esta obligación, la Administración no es una instancia arbitral, los poderes públicos tienen la obligación de cooperar de forma decidida en el disfrute de las “condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”, y con ello resolver todos los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos los ciudadanos.
La iniciación del referenciado expediente sancionador por los hechos descritos en el cuerpo de la denuncia, supone un grave menoscabo al libre ejercicio del derecho de reunión y a la libertad de expresión de los reunidos, derecho y libertad que únicamente pueden ser objeto de limitación cuando existan graves alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes y lesión de otros derechos fundamentales. Ninguno de estos dos extremos se argumenta o prueba en la notificación recibida. Por ello, la intervención de los poderes públicos en un sentido restrictivo solo puede justificarse por la gravedad efectiva de la alteración del orden público, puesto que, como hemos citado con anterioridad, dichos poderes públicos se encuentran sujetos al mandato del artículo 9.2 de la CE.
c. Vulneración del principio de tipicidad del artículo 129 y concordantes de la Ley 30/1992.
La Administración hace una interpretación extensiva de la norma sancionadora, puesto que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción alguna.
El artículo 23 n) de la LO 1/1992, dispone que será constitutivo de infracción grave “Originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal”.
En modo alguno los hechos descritos en la comunicación pueden tipificarse como infracción, puesto que distan mucho de suponer un grave desorden en la vía pública. Al contrario, los hechos denunciados suponen una mera manifestación del ejercicio del derecho de libre circulación, de reunión y de libertad de expresión, y su tipificación como infracción supone un grave menoscabo a su libre ejercicio.
Con ello se infringe lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 30/1992, que establece que sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del Ordenamiento Jurídico previstas como tales infracciones por una Ley y, expresamente prohíbe en su número 4, la aplicación analógica de las normas definidoras de infracciones y sanciones.

d. Vulneración del principio de responsabilidad del artículo 130 y concordantes de la Ley 30/1992 y del principio de presunción de inocencia del artículo 24.2 de la CE.

El artículo 130 de la Ley 30/1992, dispone que “Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia”.

Los hechos denunciados no describen ninguna acción u omisión constitutiva de infracción. No se puede sancionar al interesado por hechos genéricos o abstractos, como son los descritos en el cuerpo de la denuncia, sino que estos han de venir claramente concretados y se ha de probar debidamente la presunta infracción cometida.
Dado que tan solo se ha recibido una relación de hechos sin que haya sido aportada prueba de cargo alguna, ello constituye una situación de indefensión al carecer de medios de prueba concretos que acrediten la comisión de unos hechos presuntamente constitutivos de infracción.

TERCERA.- Consideramos, además, que la calificación jurídica de la presunta infracción como grave no es proporcional a los hechos acaecidos.
El artículo 131.3 de la Ley 30/1992, establece que:

“En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:
A) La existencia de intencionalidad o reiteración.
B) La naturaleza de los perjuicios causados.
C) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.”

Reiteramos que no se adjunta a la notificación de iniciación de expediente sancionador copia de la denuncia formulada y demás elementos de convicción que obren en el expediente administrativo, lo que causa inseguridad jurídica e incluso puede causar indefensión. Dada falta de una concreción de los hechos denunciados, en la notificación de iniciación del expediente no se acredita en ningún momento que el comportamiento del denunciado supusiera una alteración grave del orden público como para motivar la imposición de una sanción, y debe reiterarse que es absolutamente falso que en algún momento existiera una alteración del orden público que supusiera peligro para las personas y los bienes.

En virtud de lo expuesto,

SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito junto con los documentos que se adjuntan, lo admita y tras los oportunos trámites proceda a dictar resolución decretando el sobreseimiento y archivo definitivo del expediente.

OTROSI DIGO, que interesa a esta parte proponer los siguientes medios de prueba:

DOCUMENTAL

1. Se me libre copia íntegra del presente expediente administrativo, que incluya expresamente copia de la denuncia con expresa identificación de los funcionarios denunciantes. La falta de esta documentación y demás elementos de convicción que obren en el expediente administrativo que causa inseguridad jurídica e incluso puede causar indefensión lo que está vetado por la ley y además contraviene las normas del procedimiento sancionador y el principio de transparencia del procedimiento establecido en el art 3 parrafo 4 del RD 1398/93. Por tanto en virtud de dicha norma solicitamos testimonio del expediente. El derecho a obtener copia de los documentos contenidos en el expediente administrativo viene expresamente establecido en el pfo 1 del art 3 de la citada norma legal, por lo que la solicitud contenida en el presente escrito esta amparada en derecho y su no cumplimentación puede acarrear nulidad de las actuaciones por vulneración del derecho de defensa y libre acceso al expediente administrativo. Todo ello con reserva de solicitar nuevas pruebas si a la vista del mismo resultaran necesarias (copia del mismo que en estos momentos se solicita, conforme al art. 3 del R.D. 1398/1993).
2. Se solicita del instructor del expediente que requiera a los medios de comunicación presentes el día de los hechos a la prensa gráfica, fotografías del día de los hechos, mediante las que puedan ser probados los extremos alegados en la denuncia por la Policía Nacional respecto del denunciado
3. Testifical, por el conocimiento directo que pueden ofrecer de los hechos objeto del expediente, ya que en el día de la denuncia formulada estaban físicamente presentes en el lugar en que se cometió la presunta infracción que se imputa, siendo dichas personas las siguientes:

En Valencia, a

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