Modelo de alegaciones para sanciones basadas en el artículo 23.n)

EXP. REF.: ___________
SERVICIO: INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.

SECRETARIA GENERAL. SERVICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
______________________________________________, con DNI nº _________________, ____ años de edad, de profesión ______________________ y domicilio a efectos de notificaciones en ___________________________________________________________, con relación al expediente sancionador Nº. Ref. _______________, ante este Organismo comparece y como mejor proceda en Derecho:

EXPONE

I.- Que, en fecha de ________________ me fue notificado “Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana con Nº Ref. _____________, relativo a una presunta infracción que según los artículos 23.n) y 28 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, constituye una infracción Grave susceptible de ser sancionada con una multa de entre 300,51€ a 6.010,12 €.

II.- Que no estando conforme con el citado acuerdo de iniciación de expediente sancionador, y con la descripción de los hechos que en dicho expediente se realiza, de acuerdo con lo establecido en el artículo 79 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, interesa formular las siguientes,

ALEGACIONES

ALEGACIONES

PRIMERA.- Según el “Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana nº Ref. ____________, el hecho denunciado ha sido relatado como sigue:

RELATO DE LOS HECHOS TAL Y COMO CONSTA EN LA DENUNCIA

Es evidente que los hechos denunciados, tal y como son descritos en el cuerpo de la denuncia son genéricos o abstractos, sin que se adjunte en la notificación de iniciación de expediente sancionador copia de la denuncia formulada y demás elementos de convicción que obren en el expediente administrativo y que concreten y prueben los hechos denunciados. Esto causa inseguridad jurídica e incluso puede causar indefensión lo que está vetado por la ley y además contraviene las normas del procedimiento sancionador y el principio de transparencia del procedimiento establecido en el art 3 párrafo 4 del RD 1398/93.

En cualquier caso, los hechos que se describen aun de manera genérica, no se ajustan a la realidad. Dichos hechos ocurrieron en la forma que seguidamente se pasa a describir.

DESCRIPCIÓN DE HECHOS tal y como ocurrieron (nuestra versión)

SEGUNDA.- NULIDAD DE PLENO DERECHO.

El expediente sancionador arriba referenciado es nulo de pleno derecho y, por tanto, también lo es la sanción que se imputa, en virtud del artículo 62.1 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece:

“Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a) Los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.”

La iniciación del expediente sancionador referenciado vulnera ampliamente este precepto, por cuanto lesiona el contenido esencial de los derechos y libertades siguientes:

a. Vulneración del principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos del artículo 9.2 y 3 de la CE, en relación con el artículo 21 en relación con el artículo 20.1.a) de la Constitución Española.

La Jurisprudencia constitucional define el derecho fundamental de reunión reconocido en el artículo 21 de la CE, como una manifestación colectiva de la libertad de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de personas. Determina, además que “el relieve fundamental que este derecho (cauce del principio democrático participativo) alcanza en sus dimensiones subjetiva y objetiva dentro de un Estado social y democrático de Derecho como el proclamado en la Constitución ha determinado, incluso, que para muchos grupos sociales este derecho sea en la práctica uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones” (STC 163/2006).

La Administración no puede, en su caso, imponer sanciones con ocasión del ejercicio de un derecho constitucional, en este caso de la conjunción del ejercicio de dos de ellos, reunión y expresión, sin la estricta y escrupulosa observancia de las numerosas garantías procedimentales previstas en un Estado de Derecho.

La inobservancia de estas garantías lleva consigo un ataque a la integridad de los derechos y libertades, que no podrían ser libremente disfrutados por temor a una sanción.

El artículo 9.2 de la CE encomienda a los poderes públicos la promoción y el favorecimiento del ejercicio pleno de los derechos. Ante esta obligación, la Administración no es una instancia arbitral, los poderes públicos tienen la obligación de cooperar de forma decidida en el disfrute de las “condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”, y con ello resolver todos los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos los ciudadanos.

La iniciación del referenciado expediente sancionador por los hechos descritos en el cuerpo de la denuncia, supone un grave menoscabo al libre ejercicio del derecho de reunión y a la libertad de expresión de los reunidos, derecho y libertad que únicamente pueden ser objeto de limitación cuando existan graves alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes y lesión de otros derechos fundamentales. Ninguno de estos dos extremos se argumenta o prueba en la notificación recibida. Por ello, la intervención de los poderes públicos en un sentido restrictivo solo puede justificarse por la gravedad efectiva de la alteración del orden público, puesto que, como hemos citado con anterioridad, dichos poderes públicos se encuentran sujetos al mandato del artículo 9.2 de la CE.

b. Vulneración del principio de tipicidad del artículo 129 y concordantes de la Ley 30/1992.

La Administración hace una interpretación extensiva de la norma sancionadora, puesto que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción alguna.
El artículo 23 n) de la LO 1/1992, dispone que será constitutivo de infracción grave “Originar desórdenes graves en las vías, espacios o establecimientos públicos o causar daños graves a los bienes de uso público, siempre que no constituya infracción penal”.

En modo alguno los hechos descritos en el cuerpo de la denuncia pueden tipificarse como infracción, puesto que distan mucho de suponer un grave desorden en la vía pública.

Los hechos denunciados suponen una mera manifestación del ejercicio del derecho de libre circulación, de reunión y de libertad de expresión, y su tipificación como infracción supone un grave menoscabo a su libre ejercicio.

Con ello se infringe lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 30/1992, que establece que sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del Ordenamiento Jurídico previstas como tales infracciones por una Ley y, expresamente prohíbe en su número 4, la aplicación analógica de las normas definidoras de infracciones y sanciones.

c. Vulneración del principio de responsabilidad del artículo 130 y concordantes de la Ley 30/1992 y del principio de presunción de inocencia del artículo 24.2 de la CE.

El artículo 130 de la Ley 30/1992, dispone que “Sólo podrán ser sancionadas por hechos constitutivos de infracción administrativa las personas físicas y jurídicas que resulten responsables de los mismos aún a título de simple inobservancia”.

Los hechos denunciados no describen ninguna acción u omisión constitutiva de infracción. No se puede sancionar al interesado por hechos genéricos o abstractos, como son los descritos en el cuerpo de la denuncia, sino que estos han de venir claramente concretados y se ha de probar debidamente la presunta infracción cometida.

Dado que tan solo se ha recibido una relación de hechos sin que haya sido aportada prueba de cargo alguna, ello constituye una situación de indefensión al carecer de medios de prueba concretos que acrediten la comisión de unos hechos presuntamente constitutivos de infracción.

TERCERA.- Consideramos, además, que la calificación jurídica de la presunta infracción como grave no es proporcional a los hechos acaecidos.
El artículo 131.3 de la Ley 30/1992, establece que:

“En la determinación normativa del régimen sancionador, así como en la imposición de sanciones por las Administraciones Públicas se deberá guardar la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada, considerándose especialmente los siguientes criterios para la graduación de la sanción a aplicar:
A) La existencia de intencionalidad o reiteración.
B) La naturaleza de los perjuicios causados.
C) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por resolución firme.”

Reiteramos que no se adjunta a la notificación de iniciación de expediente sancionador copia de la denuncia formulada y demás elementos de convicción que obren en el expediente administrativo, lo que causa inseguridad jurídica e incluso puede causar indefensión. Dada falta de una concreción de los hechos denunciados, en la notificación de iniciación del expediente no se acredita en ningún momento que el comportamiento del denunciado supusiera una alteración grave del orden público como para motivar la imposición de una sanción, y debe reiterarse que en ningún momento existió una alteración del orden público que supusiera peligro para las personas y los bienes.

En virtud de lo expuesto,

SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito junto con los documentos que se adjuntan, lo admita y tras los oportunos trámites proceda a dictar resolución decretando el sobreseimiento y archivo definitivo del expediente. Y en todo caso, en aras de lo establecido en las normas del procedimiento sancionador y el principio de transparencia del mismo de acuerdo con lo establecido en el art. 3.4 del RD 1398/93, me libre el instructor copia o testimonio íntegro del presente administrativo que incluya copia de la denuncia con expresa identificación de los funcionarios denunciantes en aras a evitar la indefensión que su falta provoca.

OTROSI DIGO, que interesa a esta parte proponer los siguientes medios de prueba:

DOCUMENTAL

1. Copia o testimonio íntegro del presente expediente administrativo, que incluya expresamente copia de la denuncia con expresa identificación de los funcionarios denunciantes. Esta documentación será aportada previa la entrega por la autoridad sancionadora de la misma. La falta de esta documentación y demás elementos de convicción que obren en el expediente administrativo que causa inseguridad jurídica e incluso puede causar indefensión lo que está vetado por la ley y además contraviene las normas del procedimiento sancionador y el principio de transparencia del procedimiento establecido en el art 3 parrafo 4 del RD 1398/93. Por tanto en virtud de dicha norma solicitamos testimonio del expediente. El derecho a obtener copia de los documentos contenidos en el expediente administrativo viene expresamente establecido en el pfo 1 del art 3 de la citada norma legal, por lo que la solicitud contenida en el presente escrito esta amparada en derecho y su no cumplimentación puede acarrear nulidad de las actuaciones por vulneración del derecho de defensa y libre acceso al expediente administrativo. Todo ello con reserva de solicitar nuevas pruebas si a la vista del mismo resultaran necesarias (copia del mismo que en estos momentos se solicita, conforme al art. 3 del R.D. 1398/1993).
2. Documental gráfica. Se solicita del instructor del expediente que requiera a los medios de comunicación presentes el día de los hechos a la prensa gráfica, fotografías del día de los hechos, mediante las que puedan ser probados los extremos alegados en la denuncia por la Policía Nacional respecto del denunciado.
NO LO VEO. EL INSTRUCTOR NO LO VA A HACER. UN JUEZ SI ESTÁ OBLIGADO. CREO QUE ES MEJOR PONER DOCUMENTAL GRÁFICA Y APORTAR NOSOTROS PRUEBAS SIN RECURRIR A MEDIOS QUE PUEDE SER CONTRAPRODUCENTE. NO?

TESTIFICAL
Por el conocimiento directo que pueden ofrecer de los hechos objeto del expediente, ya que en el día de la denuncia formulada estaban físicamente presentes en el lugar en que se cometió la presunta infracción que se imputa, siendo dichas personas las siguientes:

En Valencia, a

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