Modelo de alegaciones para sanciones basadas en el artículo 23.d)

EXP. REF.: ___________
SERVICIO: INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

A LA DELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD VALENCIANA.
SECRETARIA GENERAL. SERVICIO DE INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS
______________________________________________, con DNI nº _________________, ____ años de edad, de profesión ______________________ y domicilio a efectos de notificaciones en ___________________________________________________________, con relación al expediente sancionador Nº. Ref. _______________, ante este Organismo comparece y como mejor proceda en Derecho:

EXPONE

I.- Que, en fecha de ________________ me fue notificado “Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana con Nº Ref. _____________, relativo a una presunta infracción que según los artículos 23.c) y 28 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, constituye una infracción Grave susceptible de ser sancionada con una multa de entre 300,51€ a 6.010,12 €.

Se adjunta copia de la notificación referenciada como Documento nº 1.

II.- Que, no estando conforme con el citado Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador y con la descripción de los hechos que se efectúa, de acuerdo con lo establecido en el Art. 79 y concordantes de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, interesa formular las siguientes:

ALEGACIONES

PRIMERA.- Según el “Acuerdo de Iniciación de Expediente Sancionador de la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana nº Ref. ____________, el hecho denunciado ha sido relatado como sigue:

RELATO DE LOS HECHOS TAL Y COMO CONSTA EN LA DENUNCIA

Es evidente que los hechos denunciados, tal y como son descritos en el cuerpo de la denuncia son genéricos o abstractos, sin que se adjunte en la notificación de iniciación de expediente sancionador copia de la denuncia formulada y demás elementos de convicción que obren en el expediente administrativo y que concreten y prueben los hechos denunciados. Esto causa inseguridad jurídica e indefensión por cuanto no se describe una conducta concreta e individualizada, lo que está vetado por la ley y además contraviene las normas del procedimiento sancionador y el principio de transparencia del procedimiento establecido en el art 3 párrafo 4 del RD 1398/93.

En cualquier caso, los hechos que se describen aun de manera genérica, no se ajustan a la realidad. Dichos hechos ocurrieron en la forma que seguidamente se pasa a describir.

DESCRIPCIÓN DE HECHOS tal y como ocurrieron (nuestra versión de los hechos)

SEGUNDA: NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL EXPEDIENTE POR VULNERAR EL MISMO DERECHOS FUNDAMENTALES.
El expediente sancionador arriba referenciado es nulo de pleno derecho y, por tanto, también lo es la sanción que se pretende imponer, en virtud del artículo 62.1 a) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, que establece:
“Los actos de las Administraciones Públicas son nulos de pleno derecho en los casos siguientes:
a) Los que lesionen el contenido esencial de los derechos y libertades susceptibles de amparo constitucional.”
En este sentido ha señalado el Tribunal Constitucional que la dimensión objetiva de los derechos fundamentales y su carácter de elementos esenciales del Ordenamiento jurídico imponen a los poderes públicos la obligación de tener presente su contenido constitucional, impidiendo reacciones que supongan su sacrificio innecesario o desproporcionado o tengan un efecto disuasor o desalentador de su ejercicio. Por ello, si el poder público prescinde de la circunstancia de que está en juego un derecho fundamental y se incluyen entre los supuestos sancionables conductas que inequívocamente han de ser calificadas como pertenecientes al ámbito objetivo de ejercicio del mismo, se vulnera este derecho, pues aunque la subsunción de los hechos en la norma fuera posible conforme a su tenor literal, los hechos probados no pueden ser a un mismo tiempo valorados como actos de ejercicio de un derecho fundamental y como conductas constitutivas de una infracción (por todas, STC 185/2003, de 27 de octubre, F. 5). Por ello, la iniciación del expediente sancionador referenciado debe ser declarada nula de pleno derecho en tanto en cuanto vulnera un conjunto de derechos fundamentales en los siguientes extremos.

a.- Vulneración del derecho de reunión del art. 21 Constitución Española.
El inicio del expediente sancionador y su posible continuidad supondría vulneración por la autoridad administrativa de mis Derechos Fundamentales. Los derechos fundamentales de reunión y de manifestación, reconocidos en el art. 21CE, han sido caracterizados por el Tribunal Constitucional (por todas STC 110/2006 de 3 de abril) como una manifestación colectiva de la libertad de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de personas, que opera a modo de técnica instrumental puesta al servicio del intercambio o exposición de ideas, la defensa de intereses o la publicidad de problemas y reivindicaciones, y cuyos elementos configuradores son el subjetivo (agrupación de personas), el temporal (duración transitoria), el finalista (licitud de la finalidad) y el real y objetivo (lugar de celebración). Como señala el Tribunal (STC 110/2006 de 3 de abril), este derecho es un cauce del principio democrático participativo, con una dimensión fundamental en un Estado social y democrático de Derecho, siendo uno de los pocos medios para que grupos sociales o movimientos sociales expresen y difundan sus principios y objetivos, utilizando así los cauces democrático-participativos existentes en un Estado social y democrático de Derecho.
Como ya se ha señalado, es evidente que los hechos denunciados, tal y como son descritos en el cuerpo de la notificación de apertura del expediente sancionador son genéricos o abstractos, sin que se adjunte en la notificación de iniciación de expediente sancionador copia de la denuncia formulada y demás elementos de convicción que obren en el expediente administrativo y que concreten y prueben los hechos denunciados.
Con esta falta de concreción se afirma en la comunicación de iniciación de expediente sancionatorio recibida que los mismos son constitutivos de una infracción del art. 23 c) de la LO 1/1992 de 21 de febrero en relación con la infracción de lo dispuesto en la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión.
Sin embargo, los hechos imputados, aun en su descripción genérica, no pueden incluirse en el tipo de los arts. 23 c) por cuanto que de acuerdo con el art. 5 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, reguladora del Derecho de Reunión, la autoridad sólo debe intervenir para disolver las manifestaciones o reuniones cuando se verifica la concurrencia de cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) Cuando sean ilícitas, esto es, que hayan sido prohibidas.
b) Cuando se altere el Orden Público con peligro para personas o bienes.
c) Cuando se haga uso de uniformes paramilitares entre los manifestantes.
Dado que el día de autos no se verificaba la concurrencia de ninguna de estas situaciones descritas, la pretensión de la policía de disolver la reunión lesionó el derecho fundamental de la que ahora alega, al igual que la imposición de la sanción supone una lesión de los derechos fundamentales de reunión y manifestación tal y como más arriba se indicaba.

b.- Vulneración del principio de presunción de inocencia contenido en el artículo 24.2 de la CE,
En el escrito recibido tan sólo se ha recibido una relación de hechos sin que haya sido aportada prueba de cargo alguna. Ello constituye una situación de indefensión al carecer de medios de prueba concretos que acrediten la comisión de unos hechos al parecer constitutivos de infracción.
Por añadidura, los hechos imputados a mi persona no se ajustan a la realidad, ya que son una mera deducción subjetiva del órgano administrativo que carece de base fáctica.

c.- Vulneración del principio de tipicidad, art. 25 CE y 129 Ley 30/92
La Administración hace una interpretación extensiva de la norma sancionadora, puesto que los hechos denunciados no son constitutivos de infracción alguna.
El artículo 23 c) de la LO 1/1992, dispone la celebración de reuniones en lugares de tránsito público o de manifestaciones, incumpliendo lo preceptuado en los artículos 4.2, 8, 9, 10 y 11 de la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, Reguladora del Derecho de Reunión, cuya responsabilidad corresponde a los organizadores o promotores, siempre que tales conductas no sean constitutivas de infracción penal.
En modo alguno los hechos descritos en el cuerpo de la denuncia pueden tipificarse como infracción, puesto que los hechos denunciados suponen una manifestación espontánea del ejercicio del derecho de reunión y una manifestación de la libertad de expresión, sin que concurrieran las circunstancias que normativamente justifican la intervención de las fuerzas del orden público.
Por añadidura, no existe lesión alguna acreditada de derechos y bienes constitucionales, más allá de los que se provocó a los manifestantes y, en todo caso, dado el carácter fundamental y su condición de pilar de la democracia participativa de estos derechos, existe abundante jurisprudencia del Tribunal Constitucional que ha venido señalando que los necesarios límites derivados de la necesidad de preservar otros derechos o bienes constitucionales (art. 10.1 CE) deben ser interpretados con criterios restrictivos y en el sentido más favorable a la eficacia y a la esencia de tales derechos (STC 159/1986, de 16 de diciembre, F. 6, sin que puedan establecerse limitaciones absolutas (STC 20/1990, de 15 de febrero, F. 5), ni obstruir el derecho fundamental más allá de lo razonable (STC 53/1986, de 5 de mayo, F. 3), pues la fuerza expansiva de todo derecho fundamental restringe el alcance de las normas limitadoras que actúan sobre él.
Por todo ello, debe considerarse que la sanción impuesta no se ajusta a los hechos acaecidos y vulnera esta interpretación favorable, lesionando por tanto los derechos fundamentales de reunión y expresión y obstruyendo el ejercicio de estos derechos más allá de lo razonable, por lo que debe considerarse nula.
Con ello se infringe lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley 30/1992, que establece que sólo constituyen infracciones administrativas las vulneraciones del Ordenamiento Jurídico previstas como tales infracciones por una Ley y, expresamente prohíbe en su número 4, la aplicación analógica de las normas definidoras de infracciones y sanciones.

SEGUNDA- NULIDAD DE PLENO DERECHO DEL EXPEDIENTE POR VULNERAR LA INTERDICCIÓN DE LA ARBITRARIEDAD EN LA ACTUACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.
El expediente vulnera el principio previsto en los artículos 9.2 y 10 CE en relación con art. 9.3 CE y en concreto con la interdicción de la arbitrariedad.
La Jurisprudencia constitucional define el derecho fundamental de reunión reconocido en el artículo 21 de la CE, como una manifestación colectiva de la libertad de expresión efectuada a través de una asociación transitoria de personas. Determina, además que “el relieve fundamental que este derecho (cauce del principio democrático participativo) alcanza en sus dimensiones subjetiva y objetiva dentro de un Estado social y democrático de Derecho como el proclamado en la Constitución ha determinado, incluso, que para muchos grupos sociales este derecho sea en la práctica uno de los pocos medios de los que disponen para poder expresar públicamente sus ideas y reivindicaciones” (STC 163/2006).
La Administración no puede, en su caso, imponer sanciones con ocasión del ejercicio de un derecho constitucional, en este caso de la conjunción del ejercicio de dos de ellos, reunión y expresión, sin la estricta y escrupulosa observancia de las numerosas garantías procedimentales previstas en un Estado de Derecho.
La inobservancia de estas garantías lleva consigo un ataque a la integridad de los derechos y libertades, que no podrían ser libremente disfrutados por temor a una sanción.
El artículo 9.2 de la CE encomienda a los poderes públicos la promoción y el favorecimiento del ejercicio pleno de los derechos. Ante esta obligación, la Administración no es una instancia arbitral, los poderes públicos tienen la obligación de cooperar de forma decidida en el disfrute de las “condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”, y con ello resolver todos los obstáculos que impiden o dificulten su plenitud, facilitando la participación de todos los ciudadanos.
La iniciación del referenciado expediente sancionador por los hechos descritos en el cuerpo de la denuncia, supone un grave menoscabo al libre ejercicio del derecho de reunión y a la libertad de expresión de los reunidos, derecho y libertad que únicamente pueden ser objeto de limitación cuando existan graves alteraciones del orden público con peligro para personas y bienes y lesión de otros derechos fundamentales. Ninguno de estos dos extremos se argumenta o prueba en la notificación recibida. Por ello, la intervención de los poderes públicos en un sentido restrictivo solo puede justificarse por la gravedad efectiva de la alteración del orden público, puesto que, como hemos citado con anterioridad, dichos poderes públicos se encuentran sujetos al mandato del artículo 9.2 de la CE.
TERCERA- DESPROPORCIÓN
En todo caso existe una desproporcionalidad absoluta entre el hecho supuestamente cometido y el acuerdo de inicio del expediente sancionador, ya que, en su caso y de poder encuadrarse en el tipo previsto los hechos señalados y en virtud del art. 131 Ley 30/92 “no se guarda la debida correlación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada”, debido a:
1. En cuanto a la INTENCIONALIDAD: no hay intención alguna de alterar el orden público o producir perjuicios, y ello junto con más personas asistentes negando desde ahora los hechos denunciados conforme se relatan.
2. En cuanto a los PERJUICIOS CAUSADOS: No se han producido daños ni para las personas ni para los bienes,
3. En cuanto a la REINCIDENCIA: Es más que evidente, que este último requisito tampoco se cumple.

En virtud de lo expuesto,

SOLICITO, que teniendo por presentado este escrito junto con los documentos que se adjuntan, lo admita y tras los oportunos trámites proceda a dictar resolución decretando el sobreseimiento y archivo definitivo del expediente. Y en todo caso, en aras de lo establecido en las normas del procedimiento sancionador y el principio de transparencia del mismo de acuerdo con lo establecido en el art. 3.4 del RD 1398/93, me libre el instructor copia o testimonio íntegro del presente administrativo que incluya copia de la denuncia con expresa identificación de los funcionarios denunciantes en aras a evitar la indefensión que su falta provoca.

OTROSI DIGO, que interesa a esta parte proponer los siguientes medios de prueba:

DOCUMENTAL

1. Copia o testimonio íntegro del presente expediente administrativo, que incluya expresamente copia de la denuncia con expresa identificación de los funcionarios denunciantes. Esta documentación será aportada previa la entrega por la autoridad sancionadora de la misma. La falta de entrega de esta documentación y demás elementos de convicción que obren en el expediente administrativo es causa de inseguridad jurídica e incluso puede causar indefensión lo que está vetado por la ley y además contraviene las normas del procedimiento sancionador y el principio de transparencia del procedimiento establecido en el art 3 parrafo 4 del RD 1398/93. Por tanto en virtud de dicha norma solicitamos testimonio del expediente. El derecho a obtener copia de los documentos contenidos en el expediente administrativo viene expresamente establecido en el pfo 1 del art 3 de la citada norma legal, por lo que la solicitud contenida en el presente escrito esta amparada en derecho y su no cumplimentación puede acarrear nulidad de las actuaciones por vulneración del derecho de defensa y libre acceso al expediente administrativo. Todo ello con reserva de solicitar nuevas pruebas si a la vista del mismo resultaran necesarias (copia del mismo que en estos momentos se solicita, conforme al art. 3 del R.D. 1398/1993).
2. Documental gráfica: se aportan los siguientes materiales gráficos
3. Testifical: Por el conocimiento directo que pueden ofrecer de los hechos objeto del expediente, ya que en el día de la denuncia formulada estaban físicamente presentes en el lugar en que se cometió la presunta infracción que se imputa, siendo dichas personas las siguientes:

En Valencia, a

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